El
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia STAJ
quiere poner de manifiesto la situación de incapacidad que viviremos los
Funcionarios de la Administración de Justicia a partir del 1 de Julio y el
riesgo ciudadano que conlleva.
La
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal entrará en vigor el próximo 1 de
Julio. Entre otras, contiene novedades sobre la Prisión permanente
revisable, libertad condicional, nueva redacción de
delito de asesinato, responsabilidad penal en sociedades
mercantiles, derogación de las faltas y redefinición de los
delitos en términos generales.
STAJ
considera que una reforma de tal entidad más exige con carácter urgente y
extraordinario que se impartan cursos de formación específica para los
juzgados afectados, ya que están en juego derechos fundamentales de los
ciudadanos regulados en el Titulo Primero de nuestra Carta Magna bajo el
epígrafe derechos y libertades.
Entendemos
que la formación para la aplicación de las nuevas leyes ha de ser parte de un
continuo proceso de reciclaje a que nos vemos obligados por la delicada materia
a la que dedicamos nuestro trabajo. Por ello STAJ ha solicitado
formación para los funcionarios en todas las instancias ministeriales y
autonómicas, obviamente exigimos que esta formación se imparta por el propio
Ministerio o CCAA y que bajo ningún concepto se deje en manos de sindicatos u
otras organizaciones, afines a ellos o no, que puedan tener fines lucrativos
por razones evidentes que están en mente de todos.
A
falta de siete días para la entrada en vigor de esta reforma ni tan
siquiera hemos recibido respuesta a nuestras peticiones, en ningún sentido,
dando por supuesto que, una vez más, los Funcionarios de la Administración
de Justicia vamos a salvar otra nueva chapuza.
Podemos
afirmar que a los Cuerpos Generales, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación P.A. y Auxilio Judicial, que somos los que tramitamos físicamente
los asuntos, no se nos ha facilitado información y explicación de
esta importantísima reforma y ni mucho menos se nos ha dictado un
protocolo de actuación para su implantación.
STAJ
rechaza de plano la falta de implicación del Ministerio de Justicia y las CCAA
por mantener al personal formado y motivado para el correcto ejercicio de su
labor y quiere resaltar el especial empeño que las funcionarias y
funcionarios de la Justicia para estar constantemente actualizados haciendo un
esfuerzo personal que jamás se les reconoce. Es gracias a nuestros compañeros
que la Justicia sigue día a día funcionando a pesar del desinterés mostrado por
la Administración.
La
Justicia Penal es la punta de lanza dentro de un servicio esencial y utilizando
un símil con la Sanidad podemos decir que esta reforma afecta a las “urgencias”
en la Administración de Justicia. En la que cuando, a partir del día 1de Julio,
nos llegue un enfermo no sepamos si es necesaria la aplicación de oxígeno, una
reanimación cardiaca o ambas cosas simultáneamente, porque sencillamente no se
nos ha facilitado un protocolo de actuación.
Es
nuestro deber advertir que la falta de criterio para la aplicación esta reforma
puede causar daños a las libertades y derechos de todos los ciudadanos y
explicar que no somos los funcionarios responsables sino víctimas de esta
situación que dentro de siete días provocará sin duda desconcierto y
disfunciones en el sistema Judicial.
STAJ
hace público este comunicado ante la incomunicación y falta de respuesta del
Ministerio y Administraciones competentes y exhorta a la ciudadanía a exigir
una tutela Judicial que ponga a salvo sus derechos fundamentales y para ello
ante cualquier disfunción se realicen quejas formales que están a disposición
ciudadana en todas las sedes judiciales del País.
STAJ considera
que la formación es un derecho de los funcionarios y un deber de la
Administración y que bajo ningún concepto la falta de previsión o el
coste de la formación puede ser el precio de la Libertad.
STAJ
CANARIAS
