miércoles, 8 de abril de 2020

EL CONSEJO DE MINISTROS GARANTIZA QUE MUGEJU MANTENDRÁ LAS RETRIBUCIONES Y LICENCIAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.


“Los órganos de personal continuarán emitiendo licencias por enfermedad aun cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria”.
El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado hoy los términos que garantizan la continuidad de las retribuciones de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) a los funcionarios de Justicia en situación de incapacidad temporal durante el estado de alarma. Estas normas temporales de actuación dirigidas a los órganos de personal para dar cobertura a la tramitación y abono de las diferentes situaciones, están incluidas en la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
Respecto de los mutualistas que lleven seis meses en situación de incapacidad temporal con anterioridad al estado de alarma, los órganos de personal continuarán emitiendo licencias por enfermedad aun cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria. Lo recabarán posteriormente, cuando este pueda ser  expedido por el facultativo de la entidad o servicio público de salud.
Además, deberán comunicar a MUGEJU, por la aplicación informática habitual, los periodos temporales a los que corresponden las licencias y seguirán abonando el 100% de las retribuciones, sin efectuar el descuento de las retribuciones complementarias hasta que no finalice el estado de alarma.
MUGEJU compensará las cantidades equivalentes al subsidio de incapacidad temporal a la entidad que haya continuado abonando estas retribuciones con posterioridad y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos.
Si la incapacidad temporal se inició con posterioridad a la declaración del estado de alarma, los órganos de personal podrán emitir la licencia inicial y, en su caso, las prórrogas de la misma aun cuando no dispongan del parte de baja, que recabarán posteriormente cuando pueda ser expedido. Deberán igualmente comunicar la situación de incapacidad temporal a MUGEJU por el procedimiento habitual.

MUGEJU / AVISO A LOS MUTUALISTAS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL


La Mutualidad General Judicial, desde la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-19, ha dedicado toda su atención, su trabajo y sus esfuerzos a la prestación sanitaria y farmacéutica. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se establecieron unos servicios esenciales adaptando los limitados recursos materiales y humanos con que cuenta este organismo a las necesidades derivadas de una inédita crisis sanitaria, en el marco del estado de alarma, priorizando la salud de nuestros mutualistas.
Entre esos servicios declarados esenciales no está incluida la prestación del subsidio por IT, cuya tramitación, al estar aún soportada en formato papel, y debido a los múltiples órganos que intervienen en este proceso, su tramitación rompería el principio de reducción de la movilidad, no sólo del personal propio del organismo sino de otros unidades administrativas como la Intervención Delegada.
No obstante, la Mutualidad General Judicial ha continuado buscando diferentes alternativas para hacer frente a los pagos de los complementos correspondientes al subsidio por IT. Por tanto, nos complace anunciar, que este trabajo se ha visto reflejado en el Real Decreto-ley 13/2020 , de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario y, en particular, en la Disposición adicional quinta la cual garantiza el abono de las retribuciones a los mutualistas de MUFACE y de MUGEJU en situación de incapacidad temporal durante la vigencia del estado de alarma.
Aquellos mutualistas de MUGEJU que, desde la declaración del estado de alarma, alcancen o hayan alcanzado el día 181 en situación de incapacidad temporal, percibirán el 100% de sus retribuciones a través de sus correspondientes órganos de personal, en su nómina ordinaria. Posteriormente, MUGEJU compensará al órgano de personal que ha continuado abonando esas retribuciones, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos.
De esta forma, el mutualista recibirá el 100% de sus complementos en el mismo instante y se evitan las eventuales dilaciones, que en ocasiones puede dar lugar, la transferencia de documentación entre los órganos de personal y la Mutualidad General Judicial.

martes, 7 de abril de 2020

EL CGPJ REÚNE UN CENTENAR DE MEDIDAS EN UN DOCUMENTO BASE PREPARATORIO DEL PLAN DE CHOQUE PARA EVITAR EL COLAPSO DE LA JUSTICIA TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA.

El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma 
  • El texto será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en el Real Decreto-ley 11/2020
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomará  conocimiento mañana de un documento base sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus; agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables; y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.

El texto reúne un centenar de medidas -algunas de ellas comunes, con incidencia en todos los órdenes jurisdiccionales, y otras específicas para cada uno de estos- y será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en la disposición adicional décimo novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. También se dará traslado del mismo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales y a los operadores jurídicos, en todos los casos como documento inicial de trabajo, sometido a debate y a la realización de cuantas aportaciones resulten pertinentes. 

El documento pone en común las propuestas de los distintos grupos de trabajo técnico -uno para las medidas de carácter general y otro para cada orden jurisdiccional- que se constituyeron el pasado día 2 bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Cada grupo de trabajo ha estado dirigido por un vocal del órgano de gobierno de los jueces e integrado por letrados de la institución. 

El texto será complementado con otros documentos de trabajo que incluirán propuestas en los siguientes ámbitos: solución extrajudicial de conflictos, protección a los colectivos más vulnerables, medidas tecnológicas y formación de la Carrera Judicial. 

Medidas comunes de carácter general
Medidas en el orden jurisdiccional civil
Medidas en el orden jurisdiccional civil: ámbito del derecho de familia
Medidas en el orden jurisdiccional civil: especialidad de Mercantil 
Medidas en el orden jurisdiccional penal
Medidas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
Medidas en el orden jurisdiccional social



EL CONSEJO DE MINISTROS GARANTIZA QUE MUGEJU MANTENDRÁ LAS RETRIBUCIONES Y LICENCIAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.



Estado de alarma / Covid-19

El Consejo de Ministros garantiza que MUGEJU mantendrá las retribuciones y licencias por incapacidad temporal durante el Estado de Alarma. 
  • Los órganos de personal continuarán emitiendo licencias por enfermedad aun cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria.
7 de abril de 2020.- El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado hoy los términos que garantizan la continuidad de las retribuciones de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) a los funcionarios de Justicia en situación de incapacidad temporal durante el estado de alarma. Estas normas temporales de actuación dirigidas a los órganos de personal para dar cobertura a la tramitación y abono de las diferentes situaciones, están incluidas en la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
  
Respecto de los mutualistas que lleven seis meses en situación de incapacidad temporal con anterioridad al estado de alarma, los órganos de personal continuarán emitiendo licencias por enfermedad aun cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria. Lo recabarán posteriormente, cuando este pueda ser expedido por el facultativo de la entidad o servicio público de salud.

Además, deberán comunicar a MUGEJU, por la aplicación informática habitual, los periodos temporales a los que corresponden las licencias y seguirán abonando el 100% de las retribuciones, sin efectuar el descuento de las retribuciones complementarias hasta que no finalice el estado de alarma.  

MUGEJU compensará las cantidades equivalentes al subsidio de incapacidad temporal a la entidad que haya continuado abonando estas retribuciones con posterioridad y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos.

Si la incapacidad temporal se inició con posterioridad a la declaración del estado de alarma, los órganos de personal podrán emitir la licencia inicial y, en su caso, las prórrogas de la misma aun cuando no dispongan del parte de baja, que recabarán posteriormente cuando pueda ser expedido. Deberán igualmente comunicar la situación de incapacidad temporal a MUGEJU por el procedimiento habitual.

REGISTROS CIVILES / NOTA INFORMATIVA SOBRE TELETRABAJO CON LA APLICACIÓN INFOREG.

Con motivo de la Resolución del Ministerio de Justicia de 23 de Marzo de 2020 sobre servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia y el protocolo de actuación para la cobertura de los servicios esenciales del Registo Civil durante el Estado de Alarma decretado por el Covid-19, se ha habilitado un acceso web a la aplicación INFOREG para su uso por los funcionarios cuando no se encuentren de manera presencial en los Registro Civiles.

Los funcionarios, una vez dados de alta, accederán a la aplicación a través del Acceso Remoto Seguro, tal y como aparece en la Guía Rápida de Acceso desde un equipo personal que se les remite una vez confirmada su alta. 

Una vez accedan a INFOREG, es importante recordar que, desde el punto de vista jurídico, una inscripción no está hecha mientras no esté impresa y firmada por el Encargado. Por tanto, es necesario que el procedimiento a seguir en la modalidad de teletrabajo sea compatible con el mantenimiento de la práctica habitual de inscripción en los libros de hojas móviles oficiales, no pudiéndose realizar dicha impresión en ningún otro soporte: la impresión de las inscripciones deberá seguir haciéndose en las impresoras matriciales de las oficinas de Registro Civil. 

Sin embargo, las tareas de calificación documental, cumplimentación de datos para la generación de los borradores de asientos y otras tareas previas a la impresión sí podrán ser realizadas de manera remota.

REGISTROS CIVILES / NUEVA INSTRUCCIÓN SOBRE REMISIÓN DE DATOS DE DEFUNCIONES.


El Ministerio de Justicia ha dictaminado que todos los Registros civiles, incluidos Juzgados de paz, remitirán por E-Mail, una vez finalizada su jornada laboral, una relación del número de defunciones, licencias de enterramiento y lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual.

INSTRUCCIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA SOBRE REMISIÓN DE DATOS DE LOS REGISTROS CIVILES

Por RD 453/2020 de 10 de Marzo se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, atribuyendo a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública en su artículo 7.1 e) la planificación de los Registros Civiles, la programación y distribución de los medios materiales y personales precisos para su funcionamiento, el ejercicio de la dirección funcional del personal de dichos registros, así como su organización, dirección e inspección.

Tras la declaración del estado de alarma efectuada por el Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo, y su posterior modificación producida por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, el Gobierno ha aprobado diferentes normas cuyo objeto ha sido adoptar las medidas imprescindibles y urgentes para paliar las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

Se hace preciso, para poder ser eficaces en la lucha contra esta pandemia, tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen, datos que deben conocerse con el mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad, una vez comprobado que por el aumento de número de defunciones y la reducción del personal en los Registros civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma Inforeg.

Esta Dirección General es consciente del enorme esfuerzo que están realizando los Encargados, los Letrados y los funcionarios de los distintos Registros Civiles, habiéndose configurado la Oficina del Registro Civil como un servicio más que nunca esencial, y de que esta información que se les solicita supone un trabajo añadido, pero es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible, que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados. Es por ello que esta Dirección General, en el ámbito de las competencias que le son propias, dicta la siguiente Instrucción:

ÚNICA.- Todos los Registros civiles, tanto exclusivos como con competencias en otras materias, así como los registros civiles de los Juzgados de paz, remitirán a esta Dirección General a la dirección de correos sgnac.estadocivil@mjusticia.es, una vez finalizada su jornada laboral, una relación en la que conste el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual.

lunes, 6 de abril de 2020

NOTICIAS / LOS SINDICATOS MAYORITARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECLAMAN AL MINISTRO DE JUSTICIA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO JUDICIAL NI FISCAL EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19.


LOS SEIS SINDICATOS MAYORITARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECLAMAN AL MINISTRO CAMPO LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO JUDICIAL NI FISCAL EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19

Exigimos asimismo que se inicie, de inmediato, la negociación colectiva de los planes de reactivación de la actividad procesal anunciados y, también, de la implantación de los sistemas de teletrabajo, materias ambas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal funcionario

Madrid, 5 de Abril de 2020

La nota de prensa del Ministerio de Justicia emitida tras la reunión de la Comisión de Coordinación del pasado viernes, pone de manifiesto que el ministro Campo sigue sin aceptar que los trabajadores y trabajadoras de Justicia estemos representados en los órganos donde se toman las decisiones que afectan a nuestra salud laboral y condiciones de trabajo.

En la nota de prensa el Ministro agradece el esfuerzo del personal de Justicia en el mantenimiento de los servicios esenciales y ese reconocimiento es muy importante. 

No obstante, el Ministro se olvida que su obligación, incluso en una situación como la que padecemos ahora, es la de negociar con la representación sindical cualquier plan de agilización que pretenda poner en marcha incluyendo la implantación de sistemas de acceso remoto desde el domicilio para favorecer el teletrabajo empezando por las iniciativas, o “buenas prácticas” como las denomina en su nota de prensa, que se están poniendo en marcha, de forma unilateral y sin tener competencias para ello, por la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional y por los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Madrid,

Una obligación legal de negociar, puesto que el derecho fundamental de negociación colectiva no se ha suspendido por el estado de alarma, pero también un instrumento necesario para conseguir la colaboración de todos tal y como, el mismo, solicita.  


Por todo lo anterior, los sindicatos hemos remitido al Ministro de Justicia Juan Carlos Campo el siguiente escrito:

“CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA, sindicatos integrantes de la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y representantes de más del 80% de las 55.000 personas que constituyen el personal funcionario no judicial ni fiscal de la Administración de Justicia, por medio del presente solicitamos la convocatoria inmediata, al amparo del art. 34.6 y DA y el apartado 1. b) de la D.A. 12ª del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia para abordar los siguientes temas:

1.- Integración de estas organizaciones sindicales en la Comisión de coordinación de la situación de crisis creada al amparo de la Orden SND/261/2020, en la misma situación en que están integrados, además del Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en medios personales y materiales; el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

2.- Participación de estas organizaciones sindicales, desde el primer momento, en el diseño, planificación e implantación en cualquier plan de actuación o de agilización que se pretenda poner en marcha en la Administración de Justicia, empezando en los planes que ya han sido objeto de anuncio en el BOE y abordados en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento antes citada, para las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y juzgados de lo mercantil, dado que dichos planes afectan a las condiciones de trabajo del personal al que representamos.

3.- Negociación de la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos funcionariales de Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, cuerpos generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En este sentido, le recordamos que estos sistemas de trabajo no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser ordenados por los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni otros organismos sin competencias en la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario.

4.- Instamos igualmente a ese Ministerio a que dé traslado inmediato a las organizaciones sindicales del texto de cualquier proyecto que haya sido elaborado ya en relación con las anteriores cuestiones, para su estudio por los representantes del personal.

Los seis sindicatos entendemos que el derecho de participación, información y consulta a los trabajadores que es la base de la negociación colectiva se fundamenta entre otras razones, en el conocimiento que tenemos de primera mano sobre la realidad de la Administración de Justicia.”


sábado, 4 de abril de 2020

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR LA QUE SE REALIZA UNA ADAPTACIÓN EN LAS DOTACIONES MÍNIMAS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2020.



Con fecha 30 de marzo de 2020 el Ministro de Justicia dictó Resolución por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la Administración de Justicia al Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020, que limita los movimientos personales para el desempeño del trabajo a los mínimos declarados esenciales durante el estado de alarma.

Dicha Resolución Ministerial, aunque de aplicación directa en nuestra Comunidad Autónoma, fue adaptada a nuestro ámbito territorial mediante Resolución de esta Dirección General de fecha 31 de marzo de 2020.

A la vista de que las dotaciones del personal que deben prestar servicio de manera presencial fijadas en dicha Resolución, podrían poner en riesgo la garantía de los servicios esenciales fijados por el Consejo General de Poder Judicial, procede realizar las adaptaciones de dichas dotaciones en la forma en que se detallan a continuación :

1º. En cada una de las Secciones Penales de las Audiencias Provinciales, un funcionario/a del Cuerpo de Gestión o Tramitación Procesal y Administrativa.

2º. En cada Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, un funcionario/a del Cuerpo de Gestión o Tramitación Procesal y Administrativa en días alternos.

3º. Por cada dos Juzgados de lo Penal, un funcionario/a de los Cuerpos de Gestión o Tramitación Procesal y Administrativa, elevando al entero en caso de que el número sea impar.

4º. En cada Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas, cuando no esté de guardia, un funcionario/a del Cuerpo de Gestión o Tramitación Procesal y Administrativa en días alternos.

Las presentes Instrucciones producirán sus efectos desde el momento de su firma.

LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Marta Bonnett Parejo


MUGEJU / ACUERDO ENTRE EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS Y LA CRUZ ROJA PARA LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO / AVISO A LOS MUTUALISTAS TRATADOS CON HIDROXICLOROQUINA Y CLOROQUINA / RESOLUCIÓN SOBRE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD.



El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Cruz Roja han llegado a un acuerdo de colaboración que puede ser de interés para muchos mutualistas de MUGEJU con problemas para acudir a la farmacia en estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus.

Las más de 22.000 farmacias y la red de más de 200.000 personas voluntarias de la Cruz Roja han sumado sus fuerzas para facilitar la entrega a domicilio de medicamentos a pacientes en cuarentena, con problemas de movilidad, enfermedad aguda –incluidos los afectados por Covid-19- crónicos complejos con enfermedades respiratorias o que supongan un déficit de la inmunidad, diabéticos y con enfermedades cardiovasculares. El acuerdo, estará vigente mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno.

ENTREGA A DOMICILIO.-

El servicio podrá incluir la entrega de medicamentos en el domicilio de la persona que lo demande, con y sin receta médica, del SNS y de receta médica privada, productos sanitarios y productos de salud.

Los interesados podrán solicitar su medicamento a cualquier farmacia de su municipio o municipio limítrofe en caso de que en el suyo no haya farmacia.
Para más detalles sobre la prescripción de recetas, la gestión y entrega de los pedidos así como el pago de la mismos, pueden consultar los siguientes enlaces:

AVISO A LOS MUTUALISTAS TRATADOS CON HIDROXICLOROQUINA Y CLOROQUINA.-

Nota informativa publicada en la Página Web de MUGEJU

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha indicado, en el marco del estado de alarma en que nos hallamos, que las prescripciones de medicamentos que contengan hidroxicloroquina/cloroquina como son los medicamentos: Dolquine, Xanban; Hidroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo-Union, y Resochin deben realizarse en las recetas oficiales y tiene que acreditarse que el paciente cumple los requisitos establecidos para su prescripción.

Desde MUGEJU estamos remitiendo directamente a cada uno de nuestros mutualistas afectados una Declaración Responsable expedida por la Gerente de este organismo, para ser presentada -junto con la receta oficial de MUGEJU correctamente cumplimentada- en la oficina de farmacia para la dispensación de cualquiera de los medicamentos señalados anteriormente.

No obstante, ante la eventualidad de que debido a errores u omisiones que puedan contenerse en nuestra base de datos, no resulte posible la remisión de la Declaración Responsable, se avisa a las personas interesadas de que, si no la recibe en los próximos días, nos lo indique poniéndose en contacto con nuestros Servicios Centrales,  mediante correo electrónico en la siguiente dirección: farmacia.mugeju@lista.justicia.es .

RESOLUCIÓN DE LA GERENTE 30 DE MARZO DE 2020 SOBRE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD.-

La Gerencia de MUGEJU ha dictado Resolución sobre la continuidad de la actividad de este organismo como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, y su prórroga, decretada por real decreto 476/2020, de 27 de marzo, de conformidad con las previsiones establecidas en el real decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
Se puede consultar el texto completo de la misma en este ENLACE.

CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA REPRUEBAN LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE SU PRESIDENTE EN ESTA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19



CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19

Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA), por el presente reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19,

Desde el principio de la crisis el CGPJ se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.

Para las seis organizaciones sindicales, los Comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los TSJ por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia.

Denunciamos la táctica de sabotaje empleada por la Comisión permanente del Consejo para impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia, CCAA con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia.

Denunciamos que la injerencia del Consejo General del Poder Judicial está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, mientras recomienda a los Jueces y Magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia.

Recordamos que el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad.

Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados/as públicos/as, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.

Alentamos al Ministerio de Justicia y a las CCAA autónomas con competencias transferidas en materia de justicia para que continúe poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ.

Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los Jueces y Magistrados. La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados/as públicos/as que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales.

Unos empleados/as públicos/as que, incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la amenaza invisible de un virus mortal.

Para finalizar, las seis organizaciones sindicales queremos hacer un reconocimiento a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general que, durante estos días, están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando. Y, no por repetido hay que darlo por hecho, nuestro agradecimiento a los miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en primera línea contra el virus.

#estevirusloparamosunidos

viernes, 3 de abril de 2020

LA SALA DE LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARÍSIMAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SOLICITADAS POR STAJ

 

Hace unos días os informábamos que STAJ había presentado demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, interesando la adopción de medidas cautelarísimas a fin de que por parte del Ministerio proporcione a los funcionarios que prestan presencialmente los servicios esenciales los equipos de protección individual
STAJ entendía que la prioridad son los servicios sanitarios, pero también todos aquellos servicios que deban prestarse de cara al público, como son los servicios esenciales de la Administración de Justicia, especialmente guardias, Registro civil, etc. y por ello se solicitaba  a la Sala Social que acordaran las siguientes medidas:

-   Ordenar al Ministerio que de forma inmediata, faciliten a los integrantes de los órganos judiciales que deban realizar sus funciones, durante la vigencia de la epidemia del Covid-19, los equipos individuales de protección, mascarillas, guantes y geles, para su uso obligatorio durante la prestación del servicio esencial.
  
-  Ordenar a la parte demandada que, DE FORMA INMEDIATA, proceda a evaluar individualizadamente los riesgos que, por sus circunstancias personales, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia a los que ha ordenado desempeñar sus funciones, asumen por ello.

-    Dispensar a los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de prestar sus servicios a favor de las demandadas, en tanto en cuanto aquellas no les provean de los equipos de protección individualizada anteriormente referidos.

La Sala Social desestima la primera petición amparándose en que ante la diversidad de actividades de los funcionarios de la Administración de Justicia, las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de Protección Individual EPI) deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional.

Se deniega la solicitud primera sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia y siguiendo las recomendaciones de Sanidad, y teniendo en cuenta la escasez de equipos de protección y atendidos los colectivos prioritarios, entre otros el personal sanitario, pueda proceder a la adquisición de los mismos para poner a disposición de los funcionarios de la Administración de Justicia dichos equipos.

STAJ es consciente y entiende la escasez de material y la prioridad de otros trabajadores como los sanitarios con una exposición mayor y por ellos, STAJ y el resto de organizaciones sindicales venimos denunciando desde la declaración del estado de Alarma que ha sido la injerencia del Consejo General del Poder Judicial la que está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, cuando el servicio esencial de la administración de Justicia salvo en los casos concretos en que es necesaria la presencia (guardias, violencia sobre la mujer, internamientos y alguna actuación del registro civil) puede atenderse con un régimen de disponibilidad de los funcionarios que en el supuesto de producirse la necesidad de la actuación se desplacen a la sede judicial para realizarla, pero sin exponer innecesariamente a miles de funcionarios a desplazarse “por si acaso se produce una actuación” es así como entendemos que se garantiza el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales. Y es para estos servicios esenciales que deben hacerse necesariamente de forma presencial que se faciliten los Equipos de protección.

La gravedad de la crisis sanitaria que vivimos y la necesidad de reducir el movimiento y exposición de la población para conseguir vencer esta pandemia nos obliga a seguir luchando para conseguir que la prestación de servicios presencial en la Administración de Justicia se reduzca a las actuaciones anteriormente mencionadas quedando en régimen de disponibilidad el resto de funcionarios para atender aquellas que se produzcan, para así ayudar a superar esta crisis y que podamos recuperar la normalidad cuanto antes.