El
ahorro de costes que produce el uso de la tecnología en la Administración de
Justicia ya tiene cifras. Se puede ver en el caso de los servicios de
averiguación patrimonial que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, con
conexiones con la Agencia Tributaria; el Catastro; el Colegio de Registradores;
Tráfico; el INE; la Dirección General de la Policía; el Registro Civil; y la
Seguridad Social. Sólo en este ámbito, "se ha ahorrado en lo que va de año
2015 cerca de 25 millones de sobres, 30 millones de acuses de recibo y otros 30
millones de oficios". Así lo puso de manifiesto la magistrada y vocal del
CGPJ Victoria Cinto, durante su intervención en el curso Una Justicia de futuro
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por el Ministerio
de Justicia y patrocinado por Wolters Kluwer.
En
cuanto al tiempo, Cinto explicó que una solicitud de información dirigida en
papel desde un órgano judicial a cualquier administración u organismo necesita
una media de 10 minutos para ser elaborada y preparada en el sobre
correspondiente, mientras que las peticiones electrónicas realizadas a través
del punto neutro judicial, al que pertenece el servicio de averiguación
patrimonial, se generan en apenas 10 segundos, por lo que, sólo en este ámbito
"ya se han ahorrado en el primer semestre de este año más de 2.395.000
horas a la Administración de Justicia".
La
vocal Victoria Cinto está colaborando con el ministerio en el objetivo de
lograr el papel cero en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016, una
cuestión en la que el ministro hizo especial hincapié en la inauguración del
curso en el Palacio de la Magdalena de Santander.
En
una mesa redonda moderada por Antonio Dorado, secretario general de la
Administración de Justicia, los expertos se mostraron optimistas ante la
implantación de las nuevas tecnologías en una administración acostumbrada a ir
un paso por detrás en este ámbito. Según apuntó en su intervención Vicente
Sánchez, consejero delegado de Wolters Kluwer, el esfuerzo del Ministerio de
Justicia por proponerse el reto del papel cero en 2016, "tiene el valor de
arrastrar a todo el sector a cambiar", lo que incluye a los despachos de
abogados.
Y
es que, según sostuvo, "no es posible una justicia cercana y abierta si no
es sostenible y la sostenibilidad no sólo se produce en el juzgado, sino también
en una fase muy anterior al propio proceso judicial. Por eso, debemos ser
capaces de crear una justicia digital a lo largo de todo el flujo de trabajo
del profesional", afirmó Sánchez.
Ley
de Enjuiciamiento Civil
El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, también hizo alusión a toda la cuestión
relativa a la incorporación de la tecnología en los tribunales durante su
participación en la inauguración del curso, cuya presentación corrió a cargo de
Rosalina Díaz, presidenta de Wolters Kluwer. En un repaso de todas las reformas
puestas en marcha por el Ministerio, Catalá destacó la Ley de Enjuiciamiento
Civil que verá la luz en los próximos días.
El
ministro se refirió a la necesidad de acelerar el uso de las nuevas tecnologías
y los medios telemáticos en la Administración de Justicia. En ese sentido
destacó la fecha del próximo 1 de enero para la consecución del ‘papel cero’ en
la Administración de Justicia. Y es que, desde principios de 2016 los
profesionales del sector, tal y como establecerá la Ley de Enjuiciamiento Civil
en tramitación, estarán obligados a emplear sistemas telemáticos en la
presentación de escritos y documentos, así como en la realización de actos de
comunicación procesal.
La
intervención del ministro de Justicia fue introducida por Rosalina Díaz quien
destacó la colaboración permanente de Wolters Kluwer con el mundo legal y las
posibilidades de la compañía en la colaboración con la Adminstración Pública
para la implantación del 'papel cero' al tener una relación directa con los
abogados como clientes, al igual que ya lo hicieron con el cambio en la
consulta de la información del papel al digital con la utilización de las bases
de datos. También explicó cómo estudian a los clientes para ofrecerles
soluciones digitales (ya más del 85% de la facturación es digital). Por último,
mencionó la actividad no comercial de la compañía, con la que contribuyen a una
mejor Justicia, trabajando para la mejor implantación del Estado de Derecho con
programas como 'Conoce tus leyes', para los inmigrantes, y 'Conoce tus
derechos', para los discapacitados intelectuales.
Fuente: diario de noticias la ley
