El Sindicato
STAJ CANARIAS a la vista de la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias N.º 101 de 22 de Mayo de 2025, donde se publican la Resolución
de 19 de Mayo de 2025, por la que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo de las Oficinas Judiciales en los partidos judiciales de la Comunidad
Autónoma de Canarias en que se constituirán los Tribunales de Instancia en
fecha 1 de Julio de 2025, la Resolución de 16 de Mayo de 2025 por la que
se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo en las Oficinas Generales del
Registro Civil con sede en los Partidos Judiciales de la Comunidad Autónoma de
Canarias en que se constituirán los Tribunales de Instancia en fecha 1 de Julio
de 2025, y la Resolución de 16 de Mayo de 2025 por la que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de las Oficinas de Justicia en los
municipios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, entendemos
que la aplicación de manera genérica de una Relación de Puestos de Trabajo en
la Comunidad Autónoma de Canarias de todos los Cuerpos Generales de la
Administración de Justicia en Canarias respecto a los órganos
judiciales y registro civil afectados en la 1ª Fase de la implantación de los
Tribunales de Instancia, es contraria a lo establecido en la LOPJ.
El Gobierno
de Canarias al igual que ha hecho el Ministerio de Justicia en el ámbito que es
competencia de su gestión, así como el resto de las CCAA siguen adelante
en la implantación de forma genérica de las Relaciones de Puestos de Trabajo en
los órganos afectados por la 1ª FASE de los Tribunales de Instancia, sin
tener ningún interés en realizar una valoración individualizada de cada puesto
de trabajo de esas mismas Relaciones de Puestos de Trabajo donde se van
a integrar los Funcionarios/as de los Cuerpos Generales de la Administración de
Justicia destinados en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Gobierno
de Canarias tal como establece la Disposición Transitoria Primera de la Ley
Orgánica 1/2025 de 2 de Enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio
Público de Justicia y establece que la constitución de los Tribunales de
Instancia se realizará de forma escalonada, teniendo lugar la implantación de
la 1ª Fase el próximo 1 de julio de 2025, en los Partidos Judiciales de Arucas
(Provincia de Las Palmas), Valverde, San Sebastián de La Gomera, Los Llanos de
Aridane, Icod de los Vinos, Güimar, Puerto de la Cruz, Granadilla de Abona y La
Orotava (Provincia de Santa Cruz de Tenerife), ha llevado una negociación
colectiva dentro del pequeño margen de implantación que establece la Ley
Orgánica que impuso el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes a todas las CCAA con transferencias en materia de justicia, y entendemos
que se ha producido dentro de esa negociación colectiva una vulneración
de cuestiones de legalidad ordinaria que establece la LOPJ que no se han
respetado en la implantación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, y
por lo que nos concierne a nosotros por una aplicación directa por el Gobierno
de Canarias.
Las prisas
no son buenas consejeras, y más en un punto como la aprobación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo en los órganos judiciales de la 1ª Fase de
implantación de los Tribunales de Instancia, una materia que entendemos que se
recomienda actuar con calma, y más cuando están en juego las funciones a
desarrollar por más de 2.500 funcionarios/as de los Cuerpos Generales de la
Administración de Justicia destinados en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Sindicato
STAJ emprenderá todas las acciones judiciales que considere conveniente en aras
de garantizar las condiciones laborales del único colectivo al que representa,
que es el de los Funcionarios/as de los Cuerpos Generales de la Administración
de Justicia, y más en una materia tan compleja como es la implantación de los
Tribunales de Instancia, donde el mayor capital humano que integrará las
Oficinas Judiciales que darán apoyo a los Tribunales de Instancia que se crean
por la Ley Orgánica 1/2025, es el de nuestro colectivo al que representamos.
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SINDICATO ESPECÍFICO Y EXCLUSIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SIN SUBVENCIONES