Ciudadanos sigue esperando el inicio formal de la negociación de los presupuestos de 2017. Aunque se han producido los primeros contactos en distintas áreas sobre cuestiones muy generales, los miembros del equipo desginado por la formación de centro -los economistas Luis Garicano, Antonio Roldán y Francisco de la Torre- junto a la portavoz adjunta Melisa Rodríguez y el vicesecretario del partido José Manuel Villegas- esperan comenzar conversaciones específicas esta semana. Todo depende, según explican en el partido naranja, de que el Gobierno fije por fin el techo de gasto. Aunque Ciudadanos no piensa poner lineas rojas hasta conocer una propuesta formal, sus prioridades están puestas en una reforma fiscal que permita recaudar más por el Impuesto de Sociedades y en la profunda reforma de la Justicia pactada con el PP en el acuerdo de investidura.
El plan de los de centro pasa por plasmar en las cuentas públicas el pacto de 150 reformas acordadas en agosto a cambio de que Mariano Rajoy saliera reelegido presidente del Gobierno. La cuestión es cuántos de esos puntos podrán verse incluidos en los presupuestos del próximo ejercicio. Según explican fuentes de Ciudadanos el bloque relativo a "modernizar y mejorar la eficiencia de la Justicia" será una de sus primacías. La principal reforma en este ámbito pasaría por digitalizar el sistema de gestión común y unificarlo atajando así la descoordinación que existe entre las CCAA, una de las obsesiones de los de centro. La inversión informática rondaría los 500 millones de euros según lo estimado en el pacto y actuaría como piedra angular de una futura estrategia nacional de justicia.
En su reunión mantenida, el ministro Rafael Catalá y José Manuel Villegas reafirmaron el compromiso de incluir las medidas pactadas en las partidas presupuestarias pertinentes y Ciudadanos tiene intención de que se vean reflejadas ya a partir del próximo año. Además, según fuentes del partido, en el paquete estaría incluido aumentar los recursos humanos y materiales e incluso la creación de unidades judiciales específicas.
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