Gallardón presenta su
dimisión y deja la política.
En la tarde de este martes día 23 de septiembre Alberto Ruiz
Gallardón ha anunciado en rueda de prensa su dimisión como Ministro de
Justicia, motivada por no
haber contado con el apoyo del Gobierno en la aprobación de su controvertido
proyecto de ley del aborto. Al frente del Ministerio le sustituirá Rafael Catalá Polo,
hasta ahora Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio
de Fomento. El nuevo Ministro ya tuvo responsabilidades en el Ministerio de
Justicia, pues fue Secretario de Estado de Justicia con el Ministro Michavilla,
entre 2002 y 2004, periodo en el que se produjo la reforma de la LOPJ que
modificó nuestro estatuto jurídico e introdujo la denominada “nueva oficina
judicial”.
Desde STAJ no podemos decir que nos apene la renuncia de
Gallardón, pues no han sido pocas las veces que hemos pedido su dimisión. Le deseamos lo mejor en su vida personal, pero desde luego
al frente del Ministerio no ha hecho sino tomar decisiones polémicas una tras
otra y muchas de ellas, a nuestro juicio, gravemente perjudiciales para el
servicio público de la Administración de Justicia.
Es el caso, por ejemplo, de la modificación
del CGPJ, que introduce cualquier cosa menos independencia en el órgano de
gobierno del Poder Judicial. O el caso de la Ley
de Tasas, que impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que
menos recursos tienen, y queSTAJ ha combatido fuertemente, habiendo
impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo socialista en
el Congreso, además de haber forzado una modificación que suavizó, aunque de
forma insuficiente, las previsiones de la Ley.
También perjudica al servicio público la reciente “privatización” del Registro Civil,
medida que ya está aprobada no sólo por el propio Ministro, sino también por el
Gobierno y el Parlamento, por lo que no puede decirse que sea algo exclusivo de
Gallardón sino, más bien, de todo el partido popular. Por otra parte, y en
honor a la verdad, hay que decir que Gallardón
sólo es responsable de la “privatización”, pero no de la desjudicialización,
pues ésta fue promulgada en una ley
aprobada por el PSOE cuando en
el 2011 estaba en el Gobierno -y contra la que, por cierto, nada hizo algún
sindicato que ahora tanto protesta-, desjudicialización que preveía ya de forma
indirecta la desaparición de los cientos de puestos de trabajo vinculados al
Registro Civil. Ahora, al menos, el Ministro se había comprometido a mantener
esos puestos en su ámbito, y las presiones de STAJ iban por buen camino en el sentido de
garantizarse también los puestos en las Comunidades Autónomas con competencias.
Y si no se logra esa garantía, STAJ apuesta por la huelga y en este
sentido está consultando a todos los funcionarios afectados.
Hay otros proyectos de Gallardón que quedan en el aire, y que
son más o menos polémicos. La reforma
del Código Penal está en
trámite parlamentario, pero la nueva
Ley de enjuiciamiento criminal difícilmente
verá la luz, ni siquiera ha sido aprobada aún por el gobierno. También están en
trámite parlamentario la Ley del Estatuto
de la víctima, la nueva Ley
de jurisdicción voluntaria, y la nueva Ley
de justicia gratuita. Estas dos últimas tampoco están exentas de polémica,
la primera por lo que tiene de cierta privatización de algunos asuntos de
jurisdicción voluntaria, y la segunda porque no gusta nada a los abogados. En
cualquier caso, son leyes que ya no están en el Ministerio, sino en el
Parlamento.
Sin duda, junto con la desjudicialización del Registro Civil, la
reforma que más nos afectará a los funcionarios de justicia es la de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en el caso de que
siga adelante su tramitación. El Anteproyecto de esta Ley habría supuesto, de
aprobarse sin modificaciones, el mayor retroceso de derechos que hubiéramos
tenido nunca los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia,
además de suponer una profunda transformación de la organización judicial en
España. Ese anteproyecto no sólo ha contado con el rechazo de los funcionarios y
especialmente de STAJ,
sino también de prácticamente todos los colectivos vinculados a la justicia,
desde jueces a abogados, sin olvidar a representantes de otros sectores de la Administración. De
ahí que el texto esté
sufriendo una modificación tan grande que se parecerá poco al Anteproyecto
originario.
