PRENSA: ¿Por qué los compañeros de Rajoy le denuncian?
Cómo llevaría Alberto Ruiz-Gallardón su
Ministerio, que en un dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso
este diario aparece esto: la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Justicia recomienda que se
modifique «en contenido, estructura y forma» un proyecto del real decreto del
mismo Gallardón. Así de insólito.
El ministro dimitió en la misma semana en que explotó
discretamente otro lío de su Ministerio con mucha menor trascendencia pública
que la reforma de la ley del aborto, pero que afecta personalmente al
presidente del Gobierno y a sus hermanos.
Se trata de la decisión del Gobierno del
pasado 4 de julio de encomendar a los compañeros registradores de Rajoy la
llevanza del Registro Civil y organizar en agosto la discreta adjudicación
millonaria de un nuevo y único sistema informático para todos los registros
españoles. Todo por «procedimiento negociado y sin publicidad», sólo con
empresas invitadas, y alegando «seguridad nacional».
Para ello, la ley crea una nueva Corporación de Derecho Público
con capacidad de formalizar el contrato al margen del Colegio de Registradores
de la Propiedad, al que pertenece el propio Rajoy, que es aún titular -aunque
no ejerza- del Registro de la Propiedad de Santa Pola. Todo este extraño
montaje legal, que ha desarrollado Gallardón como titular del Ministerio de
Justicia, ha provocado que la junta directiva del Colegio de Registradores haya
decidido presentar una denuncia sin precedentes ante la Comisión Nacional
de Mercados y de la Competencia (CNMC) contra la norma firmada en persona por
su compañero Rajoy, por vulnerar, en su opinión, lo que debe ser una
contratación pública normal. Así lo desvela el propio decano del colegio,
Gonzalo Aguilera, en una carta interna (ver extracto adjunto) a la que ha
tenido acceso este diario.
En el Colegio se considera que llevar el
Registro Civil es un regalo envenenado y que, peor aún, puede que sea una
simple excusa para que alguien dé un pelotazo sin que ellos puedan impedirlo al
perder por primera vez el control de su sistema informático, que alberga datos
de todos los españoles. Aguilera hace en su carta un relato asombroso de cómo
Gallardón le dice que si quiere tener acceso al contrato, el Colegio puede
presentarse a última hora al concurso en alianza con alguna empresa
tecnológica. Pero Telefónica, Indra y Microsoft dijeron al decano que tenían ya
«compromisos previos».
Gallardón reaccionó al enterarse con
«gran preocupación». El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha
presentado una batería de preguntas al Gobierno en las que apunta en la
trastienda del negocio a una empresa asturiana llamada Futuver, aliada de
Microsoft, que ya dio en 2012 un «pelotazo tecnológico» al cobrar a la anterior
junta del Colegio de Registradores 5,15 millones de euros, 12 veces por encima
del precio del mercado, según una auditoría posterior. Llamazares apunta
connivencia con Futuver del director general de Registros y del Notariado del
Ministerio, Joaquín Rodríguez, y del hermano del presidente, el registrador
Enrique Rajoy. Además de la intervención de Llamazares, coincide que la
directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores es la ex
ministra del PSOE,Beatriz Corredor. ¿Operación política contra Rajoy? «En
absoluto, muchos registradores más bien del PP están de acuerdo en que hay que
parar esta cacicada», aseguran otros miembros del Colegio. También la junta
directiva de la Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas ha decidido
presentar también su propia denuncia ante la CNMC.
Con independencia de si el contrato
vulnera o no las reglas de la competencia, el proyecto de Real Decreto de
Gallardón que desarrolla lo firmado por Rajoy «debe ser reconsiderado en lo que
se refiere a sus grandes orientaciones (...) hace una lectura inconstitucional
del mandato legal», según el demoledor dictamen del Consejo de Estado, que se
basa en un informe de la Secretaría General Técnica del propio Gallardón.
El Gobierno debe aclarar este embrollo, uno más por los que Gallardón dimite o
le hacen dimitir. No sólo es la ley del aborto.