Sólo el 0,35 por ciento de los conductores españoles, es decir, 92.682 de 26.217.202 -según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT)- Infringieron la ley penal durante 2014. Por ello, fueron condenados. Sin embargo, esas 92.682 condenas son un 11 por ciento más que las impuestas el año anterior, de acuerdo con un informe elaborado por el fiscal de Sala Coordinador de la Seguridad Vial.
Es evidente, afirma Bartolomé Vargas, fiscal Coordinador de Seguridad Vial, que hay "una mayoría silenciosa" que "cumple las normas y es respetuosa en la carretera".
Por Comunidades Autónomas, Cataluña fue la que recibió más sentencias condenatorias, con 21.107, seguida de Andalucía, con 17.081, Madrid, con 11.801 y la Comunidad Valenciana, con 10.093.
Las menos castigadas -y con menor población- fueron Cantabria, con 665, y La Rioja, con 437, como se puede comprobar en el informe de Bartolomé Vargas, el fiscal Coordinador de Seguridad Vial.
Los delitos contra la seguridad vial actualmente castigados en el Código Penal son el 379.1, la conducción a velocidad excediendo del límite punible; el 379.2, la conducción con alcohol o drogas; el 380, la conducción temeraria (conducir con exceso de velocidad y estar a punto de atropellar a alguna persona); el 381, la conducción suicida o con manifiesto desprecio por la vida (generalmente conducciones en sentido contrario o competiciones de velocidad); el 383, la negativa a someterse a las pruebas de alcohol o drogas; el 384, la conducción sin permiso o habiéndolo perdido por pérdida de puntos o decisión judicial; y el 385, la creación de un riesgo grave para la circulación.
Estos delitos representaron el 43,1 por ciento de los 195.300 procedimientos tramitados como juicios rápdios en los Juzgados de Instrucción de toda España, el 32,8 por ciento de los 276.000 escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal en 2014 y el 38,4 por ciento de las 241.039 sentencias condenatorias dictadas en todo el territorio nacional por toda clase de delitos.
O lo que es lo mismo, 4 de cada 10 sentencias condenatorias que los jueces españoles emiten en la jurisdicción penal son de seguridad vial.
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