El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta mañana con las
asociaciones de letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ, SISEJ y
AINSEJU, antiguos “secretarios judiciales”, ante los que se ha comprometido a
poner en marcha la desjudicialización del Registro Civil, tal y como establece
la ley aprobada en 2011 y encargarles su dirección.
El
titular de Justicia ha trasladado a los sindicatos su intención de que sean los
letrados de la Administración de Justicia quienes se encarguen de su dirección
para lo que será necesario reformar la Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil y analizar las cargas de trabajo de cada registro para lograr
una organización más eficiente.
Todo
ello para impulsar un modelo de servicio público, gratuito, electrónico y
cercano al ciudadano, informa Justicia en un comunicado
Desde
el SISEJ, han emitido un comunicado en el que muestran su “decepción en términos globales con la
regulación del Registro Civil anunciada hoy por el Ministerio”.
Y aseguran que la “desjudicialización” prevista
será “sólo parcial, cambiando únicamente la figura del Encargado, hasta ahora
jueces y magistrados, por los Letrados de la Administración de Justicia, pero
manteniendo intacta la adscripción de todo el sistema a juzgados e incluso a
juzgados de paz”, lo que entienden que no es más que “un puro maquillaje”.
Fue
en abril de 2015 cuando el Ministerio de Justicia aparcó la reforma del
Registro Civil que entregaba su gestión a los registradores, para abrir un
período de negociación con sindicatos, operadores jurídicos y partidos
políticos en busca de un consenso, ya que aquella propuesta era rechazada por
la mayoría del sector.
Entonces,
el PP derogó todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores
de propiedad y mercantiles y amplió hasta junio de 2017 el plazo de entrada en
vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los
registros.
PRINCIPALES
PROYECTOS NORMATIVOS
Durante
el encuentro, el ministro ha enumerado también los principales proyectos
normativos que se llevarán a cabo en esta legislatura y que serán objeto de
análisis en la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia
Nacional de Justicia creada recientemente en el Congreso de los Diputados y que
contará con la participación de los letrados de la Administración de Justicia.
Y
ha incidido en que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo
texto ya se está trabajando, será sin duda, ha dicho el ministro, una de las
herramientas que contribuirá a la agilización de la Justicia y donde se creará
la figura del Juez de Garantías y la del Fiscal instructor.
En
este sentido el SISEJ reconocen que la reforma es muy necesaria, aunque entienden
que “el Gobierno no está pensando en la inaplazable reforma a fondo del proceso
penal que una sociedad democrática y moderna necesita“, puesto que el ministro
les ha adelantado que la citada reforma se hará
“siguiendo el principio de no introducir cambios significativos a nivel
corporativo de los colectivos afectados, más allá de los 800 jueces de
instrucción que deberán redefinir su papel”.
También ha destacado la
progresiva extensión del uso de medios electrónicos en la Administración de
Justicia y ha agradecido a las asociaciones de letrados su labor de
dinamización y compromiso con la implantación de los sistemas LexNET y Justicia
Digital. El reto ahora, ha asegurado, es evolucionar hacia un sistema de
gestión procesal común para toda la Administración de Justicia.
Fuente www.elconfilegal.com