El Tribunal Supremo, en dos sentencias, ha dado la razón al
Gobierno de Canarias en su denuncia de los conciertos de 1985 y 1995 que le
obligaban a ofrecer asistencia sanitaria a los afiliados a la Mutualidad
General Judicial y a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil
del Estado.
El Supremo da la razón a la Comunidad Autónoma al igual que
hizo en otra sentencia dada a conocer hace una semana que dejaba sin acceso a
la sanidad pública a los militares y guardias civiles destinados en Canarias,
pues el fallo anula el convenio suscrito en 1986 con el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas.
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