Sin recursos en Violencia de Género

Las Funcionarias del Juzgado de lo Penal N.º 5 de Las Palmas de Gran Canaria con competencia en materia de Violencia de Género de Las Palmas de Gran Canaria se quejan de la falta de personal, más si cabe cuando es el único para toda la Isla. Con su denuncian se suman a las reivindicaciones del 8-M.

Poner las cartas sobre la mesa. Eso es lo que han decidido hacer las trabajadoras del Juzgado de lo Penal número 5 con competencia exclusiva en materia de Violencia de Género de Las Palmas de Gran Canaria aprovechando el cariz que ha tomado este año el Día de la Mujer, y a la que solidariamente se han ido sumando políticos y poderes públicos. Las empleadas de este órgano judicial denuncian la falta de personal y las carencias con las que realizan su trabajo para que la sociedad sea consciente de que los que tienen la potestad de poner soluciones al maltrato no lo hacen. Precisamente, el manifiesto que se leerá hoy en todas las manifestaciones que recorran España exigen un pacto de Estado contra las violencias machistas "más recursos y medios" para solventar esta lacra social.

El pasado año, cuatro mujeres fueron asesinadas en el Archipiélago. En los juzgados de la provincia de Las Palmas entraron 3.413 delitos en materia de violencia de género y 2.769 en Tenerife, según la Memoria del Poder Judicial.

Las trabajadoras se quejan de que la administración pública no pone los remedios para solventar los problemas que tiene el departamento pese a las denuncias que han hecho tanto por vía sindical como a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.

Este juzgado, con competencia exclusiva en materia de violencia de género, es el encargado de dictar sentencias, ejecutar las sentencias dictadas por dicho juzgado, siempre y cuando los delitos sean considerados como menos graves y que las penas de prisión sean menores de cinco años, así como ejecutar las sentencias que dictaminan los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en esta materia. Pero también también lleva otros asuntos como son los delitos contra la salud pública, la propiedad intelectual o alzamientos de bienes, entre otros materias.

Un volumen de trabajo que deben solventar las nueve trabajadoras -algunas son funcionarias y otras interinas- adscritas al departamento, que no quieren hablar en nombre propio sino como colectivo. Solo en lo que va de año han entrado este el órgano judicial 210 ejecutorias, que se suman a las que entraron en los años anteriores -en 2017 fueron 865 - y que no quedan resueltas hasta que no se cumplen las condenas.

Además de las ejecutorias que entran a diario las trabajadoras deben atender los procedimientos que entran por juicios rápidos y las urgencias que se presentan en cualquier punto de la Isla ya que son el único juzgado penal existente con competencia en la materia. Como, por ejemplo, que un maltratador con una orden de alejamiento la incumpla y que la policía o el juzgado de guardia les requiera la documentación necesaria para dar los pasos precisos, como así exige el protocolo en materia de violencia de género. Una urgencia que obliga a las trabajadoras a dejar el expediente que están cursando para buscar el que la policía o juzgado de guardia les requiera y enviar la documentación por fax. "Estamos colapsadas por el volumen de trabajo; no tenemos tiempo material para tramitar con celeridad todas las ejecutorias que entran", se quejan al tiempo que añaden que, en ningún caso, esa urgencia es compensada económicamente con un plus como, por ejemplo, ocurre en los juzgados de guardia y en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, aunque lo hagan dentro de su horario laboral.

"La materia de violencia de género implica más trabajo que cualquier otra ejecutoria normal porque aquí citamos víctimas, condenados, tenemos que controlar órdenes de alejamiento, pulseras, correos porque siempre tenemos que estar en contacto con la policía", puntualiza una de ellas para indicar la sensibilidad y el cuidado con el que tienen que actuar.

Sostienen que no es fácil trabajar en este órgano jurisdiccional por el tema en sí; en el que lo mismo tienes delante una víctima que a un maltratador firmando una sentencia . "Las plantillas no se consolidan porque la gente no aguanta y pide traslado", señalan. Sin olvidar el miedo que a veces pasan con determinados acusados por su curriculum delictivo o por la actitud que demuestran al tratar con ellos. Se quejan de que no les dan cursos de formación para saber cómo actuar en determinados casos o cómo canalizar la presión emocional con la que trabajan. "Cuando en la televisión sale que alguien ha quebrantado una orden de alejamiento nos entra pánico por saber si esa ejecutoria la llevamos o no a cabo".

En ocasiones de mucho trabajo la plantilla se refuerza trimestralmente con una persona pero no se termina por solventar el problema ya que, a veces , no está preparada para atender un tema tan serio y delicado como es la violencia de género. En otras, la llegada de un refuerzo depende de si en la administración pública hay o no dinero para ello.

Las empleadas denuncian además que cuando están de vacaciones no hay nadie que las sustituya; lo mismo ocurre si están menos de un mes y medio de baja, por lo que las ejecutorias se van apilando sobre sus mesas.

Las trabajadoras se preguntan además que si la erradicación de la violencia de género se ha convertido en una prioridad política y social ¿por qué no hay un juzgado de lo penal exclusivo para este asunto?, teniendo en cuenta que la jurisdicción de este juzgado abarca toda la Isla. Resulta además chocante teniendo en cuenta que sólo en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria hay dos Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer, además de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en San Bartolomé de Tirajana y demás juzgados mixtos de Instrucción en otros partidos judiciales que también conocen de esta materia.

FUENTE:https://www.laprovincia.es/canarias/2018/03/08/recursos-violencia-genero/1035612.html