COMUNICADO
Por medio del presente, desde el
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), mostramos
nuestro absoluto rechazo a lo recogido en el ACTA NÚM. 4/2020 de la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL COVID-19 de la Comunidad Autónoma de Canarias celebrada en el día de hoy 1 de Abril de 2020 por videoconferencia y del
cual hemos tenido acceso al contenido del mismo.
En ese ACTA, se hace referencia a que
la dotación de medios personales para la atención de los servicios esenciales
no es suficiente, y deja entrever que los únicos que están apostando por que
esos servicios se cumplan son los jueces y magistrados.
Afirmaciones, ambas, completamente
alejadas de la realidad. Una vez más por la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COVID-19 de la
Comunidad Autónoma de Canarias, creadas por el CGPJ en su Instrucción de 11 de
Marzo de 2020 vuelve a ignorarse la imprescindible labor y el trabajo que
desempeñamos los funcionarios y funcionarias de Justicia, como si en los
juzgados solo existiesen jueces y los funcionarios estuviéramos sólo de adorno.
Queremos dejar muy claro que los
funcionarios y funcionarias de los cuerpos generales al servicio de la
Administración de Justicia, así como los médicos forenses, de todo el Estado y,
por supuesto, de Canarias, estamos absolutamente comprometidos con la
prestación del servicio y que nuestro interés, como servidores públicos, no es
otro que intentar que esos servicios se presten puntualmente, de modo que los
perjuicios que la situación de pandemia y estado de alarma están provocando no
afecten de manera negativa a los derechos de la ciudadanía, así como,
primordialmente, que los servicios esenciales se presten de forma eficaz.
En cuanto a la Resolución de 31 de
Marzo de 2020 de la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia por la que se adapta la cobertura de los Servicios públicos esenciales
de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
marco de la Resolución dictada por el Ministerio de Justicia el 30 de Marzo de
2020 en aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de Marzo, ha sido
acordada de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Justicia, las
diferentes resoluciones dictadas y singularmente la última de ellas, establecen
muy claramente que la dotación mínima se refiere a la prestación de esos
servicios de modo presencial, pero estableciendo, asimismo, la disponibilidad de
todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, que debe estar
en condiciones de permanente localización durante la jornada laboral, para
atender puntualmente y de forma inmediata cualquier actuación que sea preciso
realizar.
Estas medidas en cuanto a la
dotación de personal se han adoptado no de forma caprichosa por la
Administración competente, sino que, nos consta, han sido muy meditadas para
tratar de conjugar la protección de la salud de los empleados públicos y de la
ciudadanía en general, cumpliendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias en cuanto al necesario confinamiento de los ciudadanos, reduciendo
al mínimo la movilidad, como la más eficaz y puede que única forma de detener
la propagación del virus. Ese, y no otro, es el sentido de establecer una
dotación presencial reducida al mínimo estrictamente necesario. Es el
mismo motivo que ha llevado a que, para jueces, los órganos de gobierno del
Poder Judicial hayan acordado que presten sus servicios desde sus domicilios,
en modalidad de “teletrabajo”.
Algo que el resto de funcionarios de
los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia en Canarias a excepción
de los Letrados de la Administración de Justicia no podemos realizar, por
razones obvias que, en estos momentos, no precisan más comentario.
Asimismo, nuestro total compromiso y
apoyo a las Resoluciones dictadas por la Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias en conjunción con la
Viceconsejera de Justicia las cuales han sido acordadas de conformidad con lo
dispuesto por el Ministerio de Justicia.
Por ello, desde el Sindicato de
Trabajadores de la Administración de Justicia, solicitamos que se respeten las
Resoluciones a las que hacemos mención, con objeto de conjugar de forma
adecuada y eficaz la protección de la salud de los trabajadores y de la
ciudadanía, con la adecuada y puntual prestación de los servicios esenciales.
Lo
que se comunica a todo el colectivo de los Funcionarios de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de Abril de 2020.
