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Involucra a los
territorios con competencias en materias de Justicia en un modelo de
eficiencia.
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En dos años serán
digitales todos los juzgados y fiscalías del Ministerio de Justicia.
El
Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, durante su comparecencia hoy en el
Senado. EFE.
El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido hoy a petición propia y de
varios grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Senado, ante la que
se ha comprometido a impulsar una reforma de la Justicia en la que la
participación de las comunidades autónomas sea imprescindible, junto a la de
todos los operadores jurídicos, de manera que se ponga así de manifiesto la
voluntad de entendimiento del Gobierno que ya ha permitido materializar
acuerdos como la exención del pago de tasas judiciales a determinados
colectivos y trabajar por un Pacto de Estado para impulsar la lucha contra la
violencia de género.
El
titular de Justicia ha defendido una propuesta de consenso que va más allá de
la tradicional concertación política, capaz de convocar otros acuerdos
fundamentales que cuenten con participación institucional, profesional y
social. También ha destacado la recién aprobada creación en el Congreso de una
Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de
Justicia. Esta estrategia identificará y definirá los objetivos de la reforma
integral de la Justicia, tendrá en cuenta la opinión de todos los profesionales
y colectivos implicados en la misma e incluirá un sistema de indicadores de
análisis y seguimiento para monitorizar la ejecución y controlar su evolución y
eficiencia.
Catalá ha
asegurado que los desafíos globales y los nuevos escenarios del proyecto
europeo abren un tiempo nuevo para el mundo y para Europa. Como también España
entra en una nueva etapa en la que se abordarán, entre otras, las prioridades
de nuestra Justicia a través de una agenda de trabajo abierta a nuevas
propuestas, la identificación de objetivos y la exploración de medidas que
cualifiquen la Justicia española y la forma en que se presta.
Una Justicia más ágil
El ministro ha explicado que, como primera
línea de trabajo, es preciso impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
que otorgue al fiscal la dirección de la fase de investigación, en un proceso
donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de
garantías. Esta nueva norma nos equipararía con el resto de Europa y nos
proporcionaría una Justicia penal más ágil desde el punto de vista procesal,
procedimental y operativo.
Además de la reforma del proceso penal, otra
de las actuaciones que aportarían agilidad al servicio público de Justicia
sería la revisión del proceso civil, desde la mejora en la ejecución de las
sentencias, en el trámite de notificaciones, emplazamientos y suspensiones o
facilitando el ejercicio de la acción colectiva que podría concentrarse en un
único proceso para que varios perjudicados por un mismo hecho puedan ver
resarcidos sus derechos.
La reducción de la litigiosidad es otro de
los objetivos ineludibles para el ministro de Justicia que apuesta decididamente
por la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios y alternativos
a la acción de la Justicia, ya que aportan agilidad, especialización y
flexibilidad a las partes para buscar soluciones. En esa línea, se ha mostrado
dispuesto a abordar reformas que apoyen ambas figuras para el fomento de la
cultura del acuerdo frente al conflicto.
Una Justicia
más dotada y mejor organizada
Catalá ha recordado que la demanda histórica
de medios y recursos a disposición de la Justicia es inseparable de la eficacia
y eficiencia en la organización de los recursos y de todo el sistema de
Justicia. Por ello, el ministro ha defendido una apuesta por "el más y
mejor" en este ámbito, compartida con las comunidades autónomas con
competencias transferidas que "han realizado un constante y enorme
esfuerzo de racionalización y contención del gasto para atender las necesidades
del sector durante los duros años de la crisis, en un ejercicio encomiable de
solidaridad, lealtad institucional y corresponsabilidad".
Con el objetivo de atender la reclamación
unánime de todas las regiones a favor de una Justicia cercana al ciudadano,
pegada al territorio, presente en los municipios y compatible con las ventajas
organizativas de la concentración en determinadas materias especializadas, el
ministro se ha comprometido a impulsar la convocatoria de nuevas plazas
judiciales a través de la oferta de empleo público y a crear nuevos órganos
judiciales donde sea necesario. También ha apostado por un modelo de gestión
mejor organizado y por la implantación de una Oficina Judicial y Fiscal
moderna, dotada y digitalizada, a la vez que ha destacado el impulso de un Plan
de redistribución de cargas en los juzgados y una mayor especialización de los
mismos.
La
transformación digital de la Justicia
Rafael Catalá ha anunciado que su cartera
ministerial apunta al objetivo de disponer al final de la legislatura de una
Justicia completamente digital. Así, en la primera mitad de la legislatura
todos los juzgados y fiscalías del territorio Ministerio serán digitales.
Asimismo, ha asumido el reto de implicar en esta estrategia a las comunidades
autónomas con competencias transferidas, como Aragón, la Rioja, Asturias,
Valencia o Galicia, con las que se trabaja para la implantación de esta
solución en 2017.
El impulso de la Justicia 24 horas a través
de nuevos servicios supondrá, según ha indicado el ministro, que en apenas 15
días, desde el 1 de enero de 2017, los ciudadanos puedan presentar sus escritos
y recibir notificaciones online desde cualquier juzgado del territorio
Ministerio en la sede judicial electrónica, y que a lo largo del próximo año se
ponga en marcha el punto general de acceso para el ciudadano. Estas ventajas
prácticas se corresponden, ha explicado, con los modos de gestionar los
servicios públicos del siglo XXI, vinculados estrechamente a la transparencia,
la responsabilidad, la rendición de cuentas y la participación en el diseño y
la prestación de estos servicios.
En relación al Registro Civil, Rafael Catalá
ha adelantado que para el próximo mes de julio, y previa negociación en la mesa
sectorial, estará en marcha un nuevo modelo de gestión que será presentado en
la próxima Conferencia que el Ministerio celebre con las comunidades autónomas.
El ministro ha garantizado que seguirá siendo público, gratuito, electrónico,
seguro y eficaz y ha defendido que tanto su llevanza como su gestión sean 100%
públicas.
Una Justicia
que cree en sus profesionales
Catalá ha manifestado su disposición para
impulsar una batería de medidas destinadas a promover una carrera judicial y
fiscal profesionalizada y especializada, dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo
Estatuto que sustituya al de 1981, apoyar el trabajo de los letrados de la
Administración de Justicia y del personal auxiliar, fortalecer nuestro sistema
de fe pública (notarios y registradores), mejorar las condiciones de trabajo de
abogados, procuradores y graduados sociales, revisar el modelo de acceso actual
a la abogacía y redoblar esfuerzos para garantizar una asistencia jurídica
gratuita eficiente, real y cualificada.
Justicia
fuerte en su independencia
Entre las medidas destacadas para mejorar la
percepción social de la independencia judicial, Catalá incluye la revisión del
sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante
un nuevo modelo que goce del consenso entre los jueces, sus asociaciones y los
grupos políticos. También apunta a la revisión del sistema de nombramientos de
altos cargos judiciales para, por un lado, suprimir la posibilidad de que los
parlamentos autonómicos propongan a magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia y por otro, reducir al límite la discrecionalidad en el sistema de
nombramientos a través de criterios de transparencia y objetividad en todos los
concursos y designaciones y objetivando aún más el sistema de valoración de
méritos en las plazas que se cubren por concurso. Otra medida sería regular el
tránsito profesional entre la Justicia y la política a través de una nueva
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cuanto a la lucha contra la corrupción,
Catalá propone como medidas prioritarias, limitar los aforamientos a los
aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen esa condición, articular
por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción, regular la
actividad de los grupos de presión o lobbies y mejorar el sistema de protección
al denunciante de corrupción.
Una Justicia
pensada e impartida para las personas
Aunque España cuenta con una de las
legislaciones más avanzadas del mundo en materia de protección de los
colectivos más vulnerables, el ministro de Justicia propone ampliarla y
cualificarla para perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de
género, el de protección de los menores y el de atención a las víctimas del
delito, que se completaría con una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, lo que
convertiría a España en referente mundial en la protección de los derechos de
los ciudadanos ante la Justicia. Facilitar el acceso a la Justicia es otra de
las prioridades marcadas por Catalá, que ha aludido a la revisión del sistema
de tasas judiciales para extender su exención a pymes, entidades sin ánimo de
lucro o comunidades de propietarios, tal y como han aprobado ya todos los
grupos en la Comisión de Justicia del Congreso.
Además, Catalá ha destacado la labor que
realiza la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para que España y todos sus
territorios sean referentes de tolerancia, respeto y convivencia en el complejo
ámbito de la libertad religiosa; y la de la Agencia de Protección de Datos en
su objetivo de adaptarse al nuevo marco europeo en esta materia.
El ministro de Justicia ha concluido su
intervención aludiendo a "las potencialidades del Senado para canalizar,
articular o perfeccionar la inmensa mayoría de las propuestas señaladas, ya que
todas tienen un innegable impacto territorial y todas proponen un modelo de
Justicia que sitúa al ciudadano en el epicentro de su acción". También ha
remitido a sus señorías al excelente espacio de debate y colaboración que es la
Conferencia Sectorial y se ha comprometido a seguir apoyando desde la
financiación, proyectos compartidos con las administraciones con competencias
transferidas, como los convenios suscritos con todas las comunidades autónomas
durante los dos últimos años y que han abierto líneas estatales de crédito por
valor de 12 millones de euros para reformas tecnológicas y mejora de la
Justicia.
FUENTE: WWW.ELECONOMISTA.ES
