Después de 180 modificaciones,
medio centenar de ellas posteriores a la Constitución, el Gobierno está
dispuesto a afrontar una verdadera transformación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (1882) con un cambio histórico en los protagonistas de la instrucción
penal. Serán fiscales, y no jueces, como hasta ahora, los que se encarguen de
la investigación, mientras que un juez de garantías se ocupará de adoptar las
medidas cautelares que puedan afectar al encausado (como prisiones, fianzas o
comparecencias periódicas) y de autorizar diligencias que impliquen una
restricción de derechos fundamentales.
Este cambio radical en el modelo
de instrucción penal requerirá una reestructuración de las plantillas judicial
y fiscal en la que el ministerio que dirige Rafael Catalá no descarta la
«reconversión» -voluntaria- de jueces en fiscales. Se trataría de un
intercambio de carreras que existe en países como Francia o Italia y que
asociaciones de jueces y fiscales ven como una posible opción.
Todavía es pronto para aventurar
a cuántos de los cerca de los más de 1.600 jueces de instrucción que hay en
España (el resto, hasta llegar a 5.500, se encargan de juzgar) afectará este
cambio de modelo, ya que si algo está claro en el nuevo proceso penal es que si
bien se necesitará un fiscal por juzgado, ya no será necesario un juez por
órgano judicial, sino que un mismo juez de garantías podría hacerse cargo de
varios juzgados a la vez.
Fuente: www.abc.es
