Aproximadamente medio año después
de que, tras una disputa notable con el sector, todos los implicados se
pusieran de acuerdo en que la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de
Tenerife se edifique en el barrio capitalino de Cabo Llanos, el ansiado proyecto
finalmente ya puede arrancar tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre quién será el
impulsor inicial (estudios y elaboración de documentos) de una obra cuya
duración, no hay que olvidarlo, se estima que se prolongará durante los
próximos ocho años.
Finalmente, no será ninguna de
las dos administraciones públicas citadas, sino que será Gestur Tenerife la que
se encargará de materializar un objetivo reclamado por todo el sector de la
Justicia tinerfeña, que opera en unas condiciones deficitarias en cuanto a sus
sedes desde que se construyó el actual Palacio de Justicia, sito en la avenida
de Tres de Mayo, donde no hubo acto de inauguración ante la evidencia de que,
siendo nuevo, ya era insuficiente para albergar los juzgados capitalinos y las
sedes propias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, entre otras.
Gestur Tenerife es una sociedad
pública cuyos accionistas son la comunidad autónoma de Canarias, el Cabildo de
Tenerife, el Cabildo de La Palma, la entidad Viviendas Sociales de Canarias,
S.A. (Visocan) y la autocartera de acciones. Como en otras ocasiones, se
encargará de la futura Ciudad de la Justicia a través de una encomienda, en
este caso realizada por el Gobierno de Canarias.
En concreto, Gestur Tenerife (Gestur
Las Palmas fue disuelta por el Gobierno regional en 2013) se autodefine como
empresa “experta en materia de planeamiento, gestión, urbanización y
edificación” y, desde luego, no le va a faltar trabajo en los próximos años.
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