Funcionarios
del Registro Civil acusan al PSOE de intentar privatizarlo
Aseguran que trata de retirar la
competencia a la Administración Pública. Señalan al portavoz de Justicia en el
Congreso, JUAN CARLOS CAMPO MORENO próximo MINISTRO DE JUSTICIA uno de
los máximos exponentes para la privatización de los Registros Civiles de la
Administración de Justicia.
JUAN CARLOS CAMPO MORENO (Osuna, provincia de
Sevilla, 1961) es un magistrado y político español, diputado del PSOE por la provincia de Cádiz desde 2016. Sirvió como secretario de
Estado de Justicia entre 2009 y 2011 y vocal del Consejo General
del Poder Judicial entre 2001 y 2008.
Fue director general
de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía
(1997-2001); y desde 2001 a 2008, vocal del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta del PSOE.
En Febrero de 2009 fue nombrado Secretario de Estado de Justicia,
en sustitución de Julio Pérez Hernández, actual Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del actual Gobierno de Canarias. Mantuvo el puesto hasta el final de la IX Legislatura,
en 2011.
Como parlamentario, el nuevo MINISTRO DE JUSTICIA ha formado parte de las comisiones Constitucional, de Interior, y de Justicia, en la XI, XII y XIII legislatura, siendo además portavoz del Grupo Socialista en ésta última y vocal suplente de la Diputación Permanente, así como vicepresidente primero de la Comisión de Calidad Democrática, Contra la Corrupción y para las Reformas Institucionales y Legales, vicepresidente segundo de la Comisión de investigación sobre la actuación del ministro Jorge Fernández Díaz, miembro de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, miembro de la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI, y miembro de la Subcomisión de estudio y definición Estrategia Nacional Justicia en la XII legislatura.5 Asimismo, en la XII legislatura fue ponente de diversos proyectos legislativos.
Funcionarios del REGISTRO CIVIL acusan al PSOE de intentar privatizarlo. Aseguran que trata de retirar la competencia a la Administración Pública. Señalan al nuevo MINISTRO DE JUSTICIA en su anterior cargo como portavoz de Justicia en el Congreso, JUAN CARLOS CAMPO MORENO, nombrado por el Gobierno para ocupar la cartera del MINISTERIO DE JUSTICIA.
Se trata de la implantación de la ley 20/2011, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta el 30 de junio de 2020 y que entra en los planes de Gobierno del PSOE.
Esta ley, muy controvertida, supone el cierre de las oficinas del REGISTRO CIVIL de las poblaciones que cuentan con juzgados de paz y de 350 partidos judiciales, pasando a haber 60 sedes en toda España.
Para paliar este cierre, funcionarios del REGISTRO CIVIL están advirtiendo la intención de algunos altos cargos del Ministerio de reorganizar la Administración de Justicia mediante privatizaciones y despidos de interinos del cual se encuentra a la cabeza la persona de Juan Carlos Campo Moreno, la persona que va hacer designada a ocupar el MINISTERIO DE JUSTICIA.
Según las fuentes del registro consultadas, los funcionarios han señalado especialmente al nuevo MINISTRO DE JUSTICIA en su anterior cargo como portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, JUAN CARLOS CAMPO MORENO como muñidor de este proyecto.
Por eso, han redoblado sus críticas al Gobierno y en especial a Ferraz, que no tienen, según dicen, interés en mantener la oferta de empleo público en el REGISTRO CIVIL, sino que terminará privatizándose.
Advierten del riesgo de que se pierda la ingente cantidad de documentación almacenada en las localidades menos pobladas si se procede a su cierre.
Como parlamentario, el nuevo MINISTRO DE JUSTICIA ha formado parte de las comisiones Constitucional, de Interior, y de Justicia, en la XI, XII y XIII legislatura, siendo además portavoz del Grupo Socialista en ésta última y vocal suplente de la Diputación Permanente, así como vicepresidente primero de la Comisión de Calidad Democrática, Contra la Corrupción y para las Reformas Institucionales y Legales, vicepresidente segundo de la Comisión de investigación sobre la actuación del ministro Jorge Fernández Díaz, miembro de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, miembro de la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI, y miembro de la Subcomisión de estudio y definición Estrategia Nacional Justicia en la XII legislatura.5 Asimismo, en la XII legislatura fue ponente de diversos proyectos legislativos.
Funcionarios del REGISTRO CIVIL acusan al PSOE de intentar privatizarlo. Aseguran que trata de retirar la competencia a la Administración Pública. Señalan al nuevo MINISTRO DE JUSTICIA en su anterior cargo como portavoz de Justicia en el Congreso, JUAN CARLOS CAMPO MORENO, nombrado por el Gobierno para ocupar la cartera del MINISTERIO DE JUSTICIA.
Se trata de la implantación de la ley 20/2011, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta el 30 de junio de 2020 y que entra en los planes de Gobierno del PSOE.
Esta ley, muy controvertida, supone el cierre de las oficinas del REGISTRO CIVIL de las poblaciones que cuentan con juzgados de paz y de 350 partidos judiciales, pasando a haber 60 sedes en toda España.
Para paliar este cierre, funcionarios del REGISTRO CIVIL están advirtiendo la intención de algunos altos cargos del Ministerio de reorganizar la Administración de Justicia mediante privatizaciones y despidos de interinos del cual se encuentra a la cabeza la persona de Juan Carlos Campo Moreno, la persona que va hacer designada a ocupar el MINISTERIO DE JUSTICIA.
Según las fuentes del registro consultadas, los funcionarios han señalado especialmente al nuevo MINISTRO DE JUSTICIA en su anterior cargo como portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, JUAN CARLOS CAMPO MORENO como muñidor de este proyecto.
Por eso, han redoblado sus críticas al Gobierno y en especial a Ferraz, que no tienen, según dicen, interés en mantener la oferta de empleo público en el REGISTRO CIVIL, sino que terminará privatizándose.
Advierten del riesgo de que se pierda la ingente cantidad de documentación almacenada en las localidades menos pobladas si se procede a su cierre.
