Como sabemos, la Ley 20/2011 está
prorrogada hasta junio de este año 2020. Esta ley supone el desmantelamiento
absoluto del Registro Civil tal como lo conocemos, sacándolo de Justicia y
llevándoselo a otras Administraciones, sustituyendo las actuales oficinas de
Registro Civil incardinadas en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados de
Paz, por unas pocas oficinas generales en cada Comunidad Autónoma y al antojo
de cada una de estas. Una vez que se ha iniciado la nueva Legislatura y se ha
formado el nuevo Gobierno, STAJ se ha dirigido por escrito a los Grupos
Parlamentarios de ámbito nacional para solicitar una reunión en la que
abordemos una solución urgente para el futuro del Registro Civil. STAJ
considera necesario que la estructura territorial actual de las Oficinas de
Registro Civil l se mantenga, así como que continúe siendo un servicio público
gratuito dentro de la Administración de Justicia y prestado íntegramente por
personal al servicio de esta Administración