MANIFIESTO CONJUNTO CSIF, CCOO, STAJ Y UGT EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DELA JUSTICIA.
El Servicio Público de la Administración de Justicia, al igual que otros SP esenciales como Educación, Sanidad, viene padeciendo continuos y acusados recortes desde el año 2010, intensificados en la actualidad por el Gobierno Central y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
El grave atentado al Estado social y democrático de Derecho que están suponiendo las políticas de recorte y desprestigio llevadas a cabo hace más necesario si cabe la defensa de un SP de la Justicia que garantice adecuadamente los derechos de los ciudadanos y que defienda escrupulosamente el sistema con el que nos hemos dotado, un Estado social y democrático de Derecho.
Asistimos en nuestro país a un importantísimo incremento de la litigiosidad que, junto a una Administración de Justicia tradicionalmente obsoleta, dan como resultado una percepción por el ciudadano de un pésimo SP que se refleja en todas las encuestas.
Lejos de adoptar políticas adecuadas al incremento presupuestario en la Administración de Justicia, asistimos a grandes despilfarros con inversiones inútiles y erróneas como la mala implantación de la Nueva Oficinala Digitalización , con recortes en materia de personal (tanto en retribuciones, en plantillas, en derechos laborales…) lo que ha llevado a un mayor colapso, que sólo la buena disposición de los empleados públicos de la Administración de Justicia para con el SP que defendemos, están sabiendo sacar adelante, con mucho esfuerzo los asuntos judiciales de los ciudadanos. Imposible de mantener este esfuerzo de los trabajadores en el tiempo por el volumen y condiciones de trabajo y porque están claramente desmoralizados por los continuos ataques a nuestros derechos laborales y la falta de expectativas profesionales y económicas, y las campañas de desprestigio generadas.
Con esta política de nuestros gobernantes queremos denunciar:
- La amortización de plantillas, la falta de nombramiento de personal temporal, interino o sustituto
-La congelación de las oposiciones en todos los cuerpos de la Administración de Justicia para el 2012 y los años venideros, a pesar de no conllevar coste alguno la oferta de empleo en justicia.
-Los recortes salariales, sociales y de derechos laborales que venimos sufriendo desde el 2010 y agravados en el 2012 con los nuevos recortes, como la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre.
-Las consecuencias de las sucesivas reformas, que está adoptando en el seno de la Administración de Justicia.
-El gasto que se ha realizado en proyectos de modernización de la justicia con un resultado totalmente negativo.
-Las nuevas Tasas Judiciales a los ciudadanos.
-Privatización de algunos servicios
-Implantación de la NOJ de forma errónea generando denuncias y colapso en esas ciudades.
Todo ello nos lleva un deterioro y encarecimiento del Servicio Público de la Justicia y, en definitiva, la implantación de una Justicia para ricos y otra para pobres.
Y en este contexto de recorte tras recorte, el ministro Gallardón sigue apostando por macroproyectos
-Despido Express, del todo irreal porque los juzgados y los medios personales son los mismos y el atasco existente se aumenta día a día con la falta de personal y el nº de demandas judiciales.
-Despilfarro económico como la aprobación de un nuevo edificio judicial para la Audiencia Nacional
-Nueva Oficina Fiscal, con el gasto que esto supone y sin ninguna justificación ni explicación de que su resultado no vaya a ser peor que el que ha dado la puesta en marcha de la NOJ
- Recorte de partidos judiciales, con la intención de reducirlos al 50 % de los actuales, con la consiguiente pérdida de empleo y de calidad en la atención a los ciudadanos……
En definitiva, mientras los derechos de los ciudadanos y los empleados públicos se conculcan, todo parece conducir, en nombre de la crisis, a un desmantelamiento paulatino, para luego privatizar, del Servicio Publico de la Administración de Justicia y por extensión, de los derechos de los empleados públicos, únicos garantes del funcionamiento e imparcialidad del mismo.
Los Tribunales y la Justicia deben ser un servicio público independiente y accesible en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
Por la situación actual existente, denunciamos la necesidad de la modernización y la inversión en la justicia, pero se ha de realizar con unos medios de los que hoy no se pueden disponer.
Proponemos, entre otras medidas inmediatas de ahorro en la gestión y en el uso de los medios que son de los ciudadanos y no de la Administración ,
-Paralización de la implantación de la Nueva Oficina Judicial
-Paralización del calendario previsto por el ministerio de Justicia sobre la digitalización y la implantación del expediente digital
-Paralización del nuevo Edificio de la Audiencia Nacional
-Unificación de los programas informáticos
Madrid, septiembre de 2012
