NOTA DE PRENSA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA LEY DE
TASAS
Sr. Director:
Nos dirigimos a su medio con el fin de que a través del mismo se dé a conocer la posición del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), en referencia a la publicación en el BOE de 21 de noviembre de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Dicha Ley viene incardinada en una serie de reformas planteadas por el Ministerio de Justicia que incluyen la Reforma de la LOPJ y que suponen la antesala de un cambio de modelo en la actual Administración
de Justicia.
La ley de Tasas no es más que la cláusula de cierre de dicho sistema completamente improductivo, ya que el objetivo último es el adelgazamiento del mismo a través de la reducción de plantillas, cosa ya evidente a la vista de algunos presupuestos que se van conociendo, como el de la Comunidad de Madrid, donde se lleva a cabo una sustancial reducción en gasto de personal para el año 2013.
Desde este Sindicato llevamos reclamando desde siempre un cambio a la insostenible situación del actual sistema, pero tristemente el cambio que se nos impone actualmente es un claro desmantelamiento de este Servicio Público, y un ataque al Poder Judicial con el fin de poder controlarlo, desde varios frentes: carencia de medios materiales, REDUCCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y DE SU ESPECIALIZACIÓN??, control de la actual independencia judicial e inamovilidad, la idea es reducir costes a costa de lo que sea, en este caso cercenando los derechos de todos los trabajadores de la Administración de Justicia y la productividad de los Órganos Judiciales.
Este nuevo modelo completamente improductivo por los pocos medios que disponemos actualmente y que en ninguna reforma se plantea mejorarlos, va a perjudicar de manera directa a los ciudadanos, debemos tener claro que cualquier desmantelamiento que se realice contra la Administración de Justicia como Servicio Público es un ataque directo al Poder Judicial, pues sin medios y sin la protección de la LOPJ se merma la capacidad del mismo.
Pensábamos que esta Administración no podía ir a peor por la situación crítica que vive actualmente, pero está claro que estábamos equivocados. Y lo que es peor, para hacerla más competitiva no se va a llevar a cabo ningún tipo de modernización de la misma, a través de una mejora de los medios materiales, principalmente informáticos, o mediante criterios funcionales como la separación del punto de información a ciudadanos y profesionales del lugar donde se tramita, un sistema de trabajo que incentive y no desincentive al trabajador y permita su especialización y carrera profesional, aumento de la ratio de jueces y funcionarios por ciudadano.
Lo que se pretende es controlar el Poder Judicial, e implantar una Ley de Tasas para que el ciudadano se amedrente y no acuda a dicha Administración. Es decir, que para hacerla más competitiva les dificulta el acceso a dicho servicio a los ciudadanos, creando una justicia inaccesible para una gran parte de la sociedad, por vulnerar, sus cuantías desorbitadas, los artículos 14 –igualdad de todos los ciudadanos ante la ley- y 24 –derecho a la tutela judicial efectiva - de la C. E.
Sin olvidar los importantes perjuicios que se ocasiona a los empleados públicos y al personal al servicio de la Administración de Justicia a la hora de defender sus derechos laborales en la jurisdicción Contencioso-Administrativa
, a quienes esta nueva Ley de Tasas introduce la necesaria intervención de abogado y/o procurador en dichos procedimientos y ello bajo el FALSO PRETEXTO de que la práctica demuestra como esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia no estamos de acuerdo con este planteamiento, creemos en la Administración de Justicia como un pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho en el que vivimos y como tal debe mejorarse en la medida que se pueda, pero desde luego lo que no podemos permitir es que retroceda en sus prestaciones a los ciudadanos.
Entendemos el momento económico que vive el país, y podemos llegar a entender que en estos momentos sea complicada una inversión en la mejora de la Administración de Justicia, pero lo que desde luego ni entendemos ni compartimos, es proceder al desmantelamiento de este Servicio Público con la escusa de hacerlo más eficiente, para conseguir la externalización de sus servicios y fondos económicos. El objetivo último de todo Gobierno debe ser servir al ciudadano y eso lo hace a través de los Servicios Públicos. Si se destruye el fin para el que se existe poco mas va a quedar de nuestro Estado del Bienestar. Por no hablar del ataque claro y evidente a la división de poderes que se está produciendo.
Es por ello, que desde STAJ creemos firmemente que es el momento de estar unidos en defensa de este Servicio Público y por ello hemos trasladado propuesta a todos los profesionales de la Justicia para crear un frente común y aunar esfuerzos, tanto en las plataformas sindicales de Justicia y la que componen todas las Administraciones Públicas, como al resto de colectivos implicados, con el único objetivo de defender ESTE SERVICIO PUBLICO Y EL ACCESO AL MISMO.
Ante este cambio de modelo impuesto a golpe de BOE y sin consenso, participación ni negociación con los colectivos implicados, STAJ está dispuesto, en unidad de acción con el resto de fuerzas sindicales, todos los profesionales y operadores de la Administración de Justicia, a emprender las movilizaciones que sean necesarias en defensa de este Servicio Público como ya viene proponiendo en las plataformas sindicales, incluyendo paros del servicio en la forma que se acuerde conjuntamente.
