Prensa.
Justicia prorrogará en las “próximas semanas” la ley del PSOE que quita el
Registro Civil a los jueces.
Defiende que se mantendrá la gratuidad, no
habrá despidos e intentará respetar que los funcionarios sigan trabajando en su
localidad
El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha anunciado este
martes que se prorrogará en las "próximas semanas" la aplicación de
la ley aprobada bajo el mandato del Gobierno socialista que desjudicializaba el
Registro Civil para entregárselo a los secretarios judiciales o a los
funcionarios de la Administración de Justicia.
En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el
subsecretario del Ministerio ha afirmado que el plazo de la entrada en vigor de
esta norma, que se cumple el próximo 22 de julio, "se prorrogará" a
través del "mecanismo legal oportuno" mientras el Gobierno del PP
estudia un nuevo modelo que gira sobre dos premisas: la gratuidad de los actos
de inscripción y emisión de certificaciones y el mantenimiento de los puestos
de trabajo.
Eso sí, el subsecretario no ha desvelado a quién encomendará su
gestión. Durante estos meses, ha barajado entregar los registros civiles a
secretarios judiciales o registradores, a los cuales defiende como funcionarios
públicos.
INTERINOS EN 'TERRITORIO MINISTERIO'
Este responsable de Justicia ha recordado que los más de 3.000
funcionarios que prestan servicio en los registros civiles "no van a
quedarse en la calle" y ha añadido que, "sea cual sea" el modelo
escogido, seguirán realizando funciones en la Administración de Justicia,
"sin perjuicio de la reasignación que corresponda en cada caso".
"Siempre respetando en la medida de lo posible la localidad, tal y como se
preveía en la ley vigente", ha añadido.
Respecto al personal interino, el subsecretario ha mostrado su
"pleno compromiso" de que los funcionarios que trabajen en el
territorio del Ministerio de Justicia --en las comunidades sin las competencias
transferidas-- tendrán garantizados "al cien por cien" sus empleos,
"con la correspondiente reasignación de funciones".
"No pueden ver ni verán peligrado su puesto de trabajo. Es
completamente incorrecto hablar de posible despido de trabajadores que están
realizando funciones en los registros civiles", ha respondido al ser
preguntado por esta cuestión por el diputado del PSOE Félix Lavilla.
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� b o y � � �N� icación del R.D., y el gobierno ya ha comenzado a devolver la cantidad de
41000 millones de euros, concretamente ha autorizado, en el Consejo de
Ministros del día 6 junio, la devolución de 1300 millones de euros, a pesar de
que aún faltan más de 10 años para que comience el plazo de devolución. En
palabras de
Parece
obvio que las condiciones económico-presupuestarias y los objetivos
presupuestarios, a los que se refería el Ministro de Hacienda, ya se están cumpliendo,
desde el momento en que se ha comenzado a devolver esa cantidad, obviedad que
se ve ratificada porque así lo dice la propia vicepresidenta del Gobierno.
Y
llegados a este punto en el que “nuestra economía puede hacerlo” cabe
preguntarse ¿qué pasa con
nuestra paga extra, Sr.Montoro?.
Las
deudas hay que pagarlas, y por eso se devuelven esos 1300 millones, pero la
paga extra también es una deuda, una deuda que usted contrajo con el conjunto
de funcionarios y que también hay que devolver.
En
consecuencia, usted debe saldar esa deuda con los funcionarios, pero no en
aportaciones a planes de pensiones, como se dijo (plan de pensiones del que se
benefician algunos sindicatos, como “gestores” de ese plan de pensiones,
cobrando sus comisiones), sino en ingreso en la nómina, puesto que de la nómina
fue suprimida.
El año
2015 es año de elecciones; autonómicas, locales y generales, y tanto los
funcionarios, como nuestras respectivas familias, no entenderíamos que llegado
el año 2015 no se nos devolviera la paga extra que se nos quitó. La próxima vez que tenga en mente
saldar las deudas, piense primero en que el año que viene es año electoral y
que el dinero que ahora se devuelve es la pérdida de poder adquisitivo de los
funcionarios, y que eso también hay que devolverlo.
Si de
verdad existe voluntad política para ello, puesto que la situación económica
parece que ya ha cambiado, [sic] “nuestra economía puede hacerlo”,
hágalo, y hágalo rápido puesto que faltan menos de 6 meses para que llegue el
año electoral, mientras que el plazo de vencimiento del préstamo de los 41000
millones comienza dentro de 10 años.
