Como hemos informado hoy, el Ministerio afirma que no dará marcha atrás en la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles.
Desde STAJ no creemos que el Registro Civil vaya a seguir siendo gratuito. De hecho, está pendiente de aprobación por el Congreso la Ley de Nacionalidad de los Sefardíes, para cuyos trámites los interesados tendrán que abonar una tasa de 75 euros por la tramitación del expediente. La primera, pues, en la frente. El coste, en todo caso, será sufragado por los ciudadanos, ya sea mediante incrementos de aranceles a medio plazo, mediante tasas, mediante subvenciones o directamente de los presupuestos.
Tampoco creemos que el Ministerio y las CCAA no tengan dinero para sostener el coste del servicio. Nos gustaría saber qué destino se está dando a los cerca de 700.000 euros que ya ha recaudado el Ministerio con las tasas judiciales en los dos primeros años de vigencia?
Tampoco creemos que vayan a respetarse todos los puestos de trabajo. Para ello, el Ministerio debería crear tantos puestos como se destruyen, en la misma localidad. Algo muy difícil de cumplir, si no es suprimiendo los refuerzos, perdiéndose puestos de trabajo sí o sí. Y, además, las CCAA no han garantizado nada, por lo que habrá que ver cuáles son capaces de rechazar el goloso caramelo de ahorrarse unos cuantos cientos de sueldos.
Diga lo que diga el Ministerio, los funcionarios públicos somos los únicos garantes de la legalidad, imparcialidad y confidencialidad de los datos. Es la esencia de la función pública. Las consecuencias administrativas y penales por incumplimiento de la legalidad se multiplican en el caso de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Los trabajadores de los Registros no son funcionarios.
La experiencia, especialización y conocimientos de los funcionarios de Justicia en materia de registro civil se ha venido demostrando año tras año desde hace siglo y medio. El Ministerio rechaza este indudable valor y lo desaprovecha, sin ninguna justificación.
