Edificio que alberga los Juzgados de Arrecife,
Lanzarote, donde tienen los problemas que persisten desde hace un año.
La Comisión
Interasociativa de jueces de Canarias, secciones territoriales
la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación
Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD),
Foro Judicial Independiente (FJI), junto a las tres asociaciones de
fiscales, la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales
(UPF) y Asociación profesional e independiente de Fiscales (APIF), denuncian el
abandono al que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias tiene sometidos
a los Juzgados de Arrecife, en la isla de Lanzarote, provincia de Las Palmas.
Las siete asociaciones respaldan al juez decano, que
ayer emitió un informe aclarando, después de las recientes publicaciones
aparecidas en prensa relativas a los sistemas de grabación de vistas que Desde
el mes de junio de 2016 ha mantenido distintas reuniones tanto con la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, como con el anterior
viceconsejero de Justicia de la CCAA de Canarias. No se ha hecho nada.
“El pasado 10 de octubre de 2016,
siendo que los errores e incidencias de los equipos de grabación de las salas
de vistas persistían, se abrió un expediente gubernativo en el Decanato a fin
de compilar las incidencias mediante certificados de los Letrados de la
Administración de Justicia del Partido, siendo que en los primeros 20 días
hábiles se registraron 30 incidencias”, explica el juez decano.
“En el mes de noviembre de 2016 se
procedió al cambio de los equipos de grabación, pudiéndose constatar que los
traídos eran igual o más antiguos que los que ya había, y en modo alguno se
cambiaba el sistema (siendo el actual de DVD y VHS). Asimismo, que desde esta
pretendida renovación se han visto incrementados las incidencias notablemente”,
aclara.
El juez decano deja claro que ha
hecho todo lo que tenía que hacer y de sus palabras se desprende que la
situación actual es responsable la Administración autonomía, lo que está
suponiendo un “perjuicio injustificable, y en algunos casos irreparable para
los ciudadanos del Partido Judicial de Arrecife”.
El Gobierno de Canarias tiene las
competencias transferidas de la Administración de Justicia y tiene la
obligación de proveer a los jueces, fiscales y funcionarios de los medios
necesarios para el desarrollo de su trabajo.
Fuente: www.elconfilegal.com
