Se ha cumplido un año de la vigencia de las tasas judiciales para litigar. El paso del tiempo no ha conseguido aquietar a los operadores jurídicos, que continúan manifestándose en contra de ellas, además de haber presentado diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra ellas. Hoy se celebran concentraciones en sedes judiciales de toda España, a las 12 del mediodía, apoyadas por la Plataforma Justicia para todos formada por el Consejo General de la Abogacía Española , las asociaciones de jueces (Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria), la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Sindicato de Secretarios Judiciales, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y los sindicatos UGT, CCOO y USO.
Ayer celebraron una rueda de prensa conjunta, en la que se leyó un manifiesto contra las tasas. En él se recalcan los efectos negativos de la obligación de pagar por acceder a la justicia, el primero y fundamental, la privación a muchos ciudadanos del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. También se incide en el abuso y la impunidad de la que disfrutan las Administraciones Públicas frente al ciudadano, pues mientras que ellas están exentas de las tasas, los ciudadanos deben pagar para defenderse de sus arbitrariedades.
Concretamente, los asuntos dirigidos al orden contencioso administrativo (recurso de multas, resoluciones de la AEAT, de la Seguridad Social , de un ayuntamiento) se han reducido en un 23% en este año, según cifras del propio Ministerio de Justicia, lo que pone de manifiesto, el importante número de injusticias que se están perpetrando.
El cumpleaños de la tasa viene a coincidir con el anuncio hecho por el gobierno francés de su eliminación pues, según la ministra de Justicia, Christiane Taubira suponen “una penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la justicia”, asegurando que “esta tasa de 35 euros es injusta”.
La diferencia entre ambos gobiernos se hace aún más extrema cuando desgranamos el importe de la tasa judicial en España: cuesta 300,00 euros poner una demanda civil en reclamación de un importe superior a 6.000 euros, en el caso de recurrir una sanción el importe de la tasa es el 50% de la multa y apelar una sentencia cuesta 800,00 euros.
Otro de los aspectos que destacan los detractores de la tasa judicial es que el ministro Alberto Ruiz Gallardón ha incumplido su compromiso de que su importe se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita, de hecho se desconoce el destino de la recaudación por las tasas y ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.
La tasa afecta no sólo a los operadores jurídicos firmantes del manifiesto sino a toda la sociedad, por lo que piden que todos los ciudadanos apoyen esta iniciativa y se unan a las concentraciones.
