Os transcribimos la carta dirigida al Ministro de Justicia solicitando reunión urgente ante la modificación de la Ley del Registro Civil
MINISTRO DE JUSTICIA
Alberto Ruíz Gallardón
28071 – Madrid
Asunto: solicitud de reunión urgente ante la modificación de la Ley del Registro Civil
En julio del año 2011 se promulgó la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que suponía sudesjudicialización, hasta ahora gestionado por la Administración de Justicia, siendo los jueces los “encargados” del mismo y los funcionarios de los distintos cuerpos al servicio de la Administración de Justicia quienes desempeñamos las funciones propias de apoyo a esa actividad de Registro Civil. Esa Ley preveía un periodo de vacatio legis de 3 años que expira el próximo mes de julio de 2014.
El Ministerio de Justícia, del que Vd. es el responsable, ha venido manejando una próxima modificación de dicha Ley, o más bien su derogación por una nueva, sin la mínima transparencia ni hacia la ciudadanía ni hacia los miles de trabajadores públicos de la administración de Justicia afectados. Durante este tiempo los medios de comunicación se han hecho eco de la procedencia profesional de los principales “diseñadores” de esta reforma, que resultan ser registradores, al igual que familiares directos del Ministro de Justicia y del propio Presidente del Gobierno, este último en excedencia, que representa un evidente conflicto de intereses que exige explicaciones por parte del Gobierno y del Ministerio implicado.
En los últimos días ha trascendido una carta al Colegio de Registradores de la propiedad en la que el Ministerio de Justicia les asigna la gestión de los Registros Civiles, sin que hasta hoy se haya confirmado ni desmentido oficialmente su contenido por Vd, ni se haya dado ningún tipo de información a los representantes de los trabajadores, pese a que STAJ solicitó reunión urgente con los máximos responsables de su Ministerio.
STAJ reitera nuevamente su rechazo a la desjudicialización y privatización del Registro Civil que como servicio público considera debe continuar siendo prestado por los actuales funcionarios de la Administración de Justicia.
