De confirmarse el regalo del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad, que cobran por arancel, estos pasarían a controlar buena parte de los trámites jurídicos de la vida civil de los ciudadanos, que actualmente prestan jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, todos ellos funcionarios públicos, bajo el principio de independencia y confidencialidad.
Los sindicatos representativos de la Administración de Justicia STAJ, CSIF, CCOO y UGT rechazamos esta reforma privatizadora, que supondrá que los trámites que actualmente se llevan a cabo en los registros civiles de forma gratuita, pasarán a ser de pago.
