NOTA DE PRENSA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ
STAJ,
SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA , CONSIDERA UN ATROPELLO PARA LOS FUNCIONARIOS
DE JUSTICIA, ASÍ COMO PARA LA CIUDADANIA, LAS REFORMAS RECOGIDAS EN EL
ANTEPROYECTO DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
MILES DE TRABAJADORES DE
LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE CONCENTRARON AYER EN TODA
ESPAÑA EN RESPUESTA A LA CONVOCATORIA DE STAJ , CCOO Y UGT CONTRA LAS
REFORMAS DE GALLARDON
El Gobierno ha aprobado su
Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a espaldas de los
funcionarios de justicia y supone
una seria amenaza al empleo público. Afecta
en su contenido de manera directa y sustancial a los trabajadores de Justicia y
a los ciudadanos, porque supone la eliminación
de las Audiencias Provinciales y de multitud de partidos judiciales con la
aparición de los Tribunales Provinciales de Instancia. Esto significa el cierre de
muchísimos órganos judiciales, un atropello a los derechos de los
ciudadanos.
Cuando apenas se ha
comenzado a poner en marcha el nuevo modelo de Oficina Judicial, diseñado en la
reforma del 2003, el Gobierno aprueba una nueva LOPJ que afectará plenamente a
ese diseño.
Esto demuestra una vez
mas, el afán de protagonismo del que hacen gala últimamente todos los políticos
que tienen responsabilidad en materia de Justicia, ya sean del ámbito nacional
o autonómico, para parecer como los salvadores de la Justicia en España. ¿Cuándo se darán cuenta de que lo
que hace falta en realidad para solucionar los problemas y el atasco
generalizado son los medios personales y materiales hoy en día obsoletos e
incompatibles, y no modificar las leyes incluso antes de que entren en vigor?,
Otra medida perturbadora
es la atribución de
funciones procesales públicas a los Procuradores, que se encargarán de las ejecuciones,
embargos y notificaciones, tendrán la condición de agentes de la Autoridad. Esto
supone una intolerable
privatización de servicios públicos, que
vulnera la independencia judicial y la garantía de la legalidad al entregar a particulares la potestad
de embargos y ejecuciones. Eso sin olvidar que son parte en los procesos,
siendo los empleados públicos, los únicos garantes de la legalidad e
imparcialidad.
Por lo
tanto exigimos la retirada del anteproyecto ya que vulnera principios
fundamentales como la independencia judicial, además de suponer una pérdida de
empleo público. Lo único que pretende el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, con estas reformas es privatizar la Administración de Justicia
y hacerla inaccesible, lejana y de pago para el ciudadano.
