Tras la denuncia presentada por STAJ por la no convocatoria de OPE para la
Administración de Justicia de forma reiterada, hemos sido recibidos por la
Adjunta de la Defensora del Pueblo, junto con los Asesores en materia de Empleo
Público de dicho organismo.
STAJ ha aprovechado la reunión para
trasladar a la Institución del Defensor del Pueblo nuestra preocupación y
denuncia por la situación que atraviesa la Administración de Justicia en todo
el Estado, y que está íntimamente relacionada con la insuficiencia de medios
materiales y personales, que se agrava, precisamente, por la reiterada
suspensión de las ofertas de empleo público.
En tal sentido, le expusimos con la
máxima claridad los siguientes aspectos
v La situación actual está llevando al colapso generalizado de juzgados y
tribunales, lo cual, en definitiva, beneficia
al corrupto y al delincuente de
forma clara, pues ese colapso genera ineficacia en la Administración de
Justicia, que no llega o llega muy tarde para dar respuesta a todos los casos
de corrupción que inundan, vergonzosamente, la vida pública en nuestro país.
v Los juzgados están “infradotados” y ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, que a fecha actual hay mas de 600 puestos vacíos
sin nombrar interinos para la cobertura temporal de bajas o
vacantes, con datos similares encontramos en la
C. Valenciana o la ralentización de los
nombramientos, que sucede en otros ámbitos.
v Esta situación
es ya alarmante y lleva a
suspensiones de juicios o retraso de estos, lo que puede provocar la
prescripción de delitos y de faltas, truncando así la persecución de las
conductas delictivas que es misión de la Administración de Justicia, así como
la eternización de procedimientos judiciales civiles, sociales o
contencioso-administrativos, lastrando aún más, si cabe, el movimiento de la
economía en nuestro país.
Con la falsa excusa de buscar
soluciones a ese colapso, el
Ministerio de Justicia y el Gobierno se han embarcado en proyectos
privatizadores de importantes ámbitos de la Administración de Justicia, así
como reformas legislativas y de la organización judicial que alejan la Justicia
del ciudadano, o que sencillamente vulneran el derecho a la tutela judicial
efectiva, como es el caso de la Ley de Tasas, que invita al ciudadano a no
litigar so pena de tener que abonar unos gastos excesivos para hacer valer sus
derechos ante la Justicia.
