Nota de prensa: STAJ insta al Congreso a luchar por
mantener el Registro Civil como parte de nuestra historia: Público, gratuito y
de Justicia.
STAJ insta a los Grupos Parlamentarios a que modifiquen la Ley 20/2011, para que el Registro Civil permanezca en la ADMINISTRACIÓN de Justicia.
STAJ insta a los Grupos Parlamentarios a que modifiquen la Ley 20/2011, para que el Registro Civil permanezca en la ADMINISTRACIÓN de Justicia.
La
entrada en vigor de la Ley 20/2011, del REGISTRO Civil, que estaba prevista
para julio de 2014, fue prorrogada por un año más, de forma que la entrada en
vigor se ha retrasado para el 15 de julio de este año 2015. En esa Ley se
preveía la desjudicialización plena del REGISTRO CIVlL, pero no se encomendaba
su llevanza a ningún funcionario público en concreto, dejando abierta varias
posibilidades, en todo caso se trataría de funcionarios del subgrupo A1 de las
Administraciones públicas o Secretarios Judiciales.
A
SÓLO tres meses vista de la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno aún no ha
procedido a promover los necesarios desarrollos reglamentarios y a desplegar la
plataforma informática imprescindible para hacer efectivo el nuevo modelo de
Registro Civil previsto en dicha norma.
Lo
que sí ha hecho el gobierno es aprobar el Real Decreto-ley 8/2014 y
posteriormente la Ley 18/2014, para asignar la llevanza del Registro Civil a
los REGISTRADORES Mercantiles, lo que a juicio de STAJ supone una auténtica
privatización de un servicio que ha venido siendo público y gratuito durante
siglo y medio. Con ello, y de manera inadmisible, se tiran 144 años de
experiencia y buena gestión, privatizando un instrumento que ha sido parte de
nuestra sociedad y ya de nuestra historia todo este tiempo, más antiguo que
nuestro sistema de Seguridad social e incluso con más “solera” que nuestra
Democracia, pues no en vano ha sobrevivido a dos Repúblicas, Monarquías,
Regencias, Guerras y Dictaduras, perdurando aún hoy COMO uno de los servicios
públicos mejor valorados por la ciudadanía, a pesar de la carencia de medios
materiales y humanos. Resulta cuanto menos sorprendente que sea un régimen
democrático consolidado el que se encargue de mercantilizar un servicio público
de calidad.
Esa
privatización que supone la asignación del REGISTRO Civil a los REGISTRADORES
de la Propiedad y Mercantiles está siendo ampliamente contestada no sólo por
STAJ y los funcionarios de Justicia, sino también por asociaciones de usuarios,
de abogados, jueces, secretarios judiciales, Ayuntamientos y, en general, por
toda la ciudadanía. Expresión de esta disconformidad lo constituyen las
constantes concentraciones y muy especialmente la multitudinaria manifestación
del pasado día 11 de abril en Madrid.
Todos
temen por la pérdida del carácter público y gratuito del servicio, así como su
alejamiento de los ciudadanos, al perderse el carácter municipal que
actualmente tienen las oficinas de REGISTRO Civil. Con ello se evidencia,
además, que hoy por hoy nadie está de acuerdo con la estructura organizativa
establecida en la Ley, más allá incluso de su entrega a los Registradores de la
Propiedad, por cuanto dicha ley preveía una Oficina de REGISTRO Civil en cada
Comunidad Autónoma, y una más por cada 500.000 habitantes, lo cual,
evidentemente, constituye también un enorme alejamiento de los ciudadanos.
Por
ello, ante la inviabilidad de poner en marcha la Ley de Registro Civil de 2011
y el nulo consenso social en cuanto a la privatización y en cuanto a sus
propias previsiones organizativas, desde STAJ hemos interesado a los Grupos
parlamentarios a que, a través de la tramitación parlamentaria del PROYECTO DE
LEY de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Registro Civil, se modifique la Ley de 2011 en el sentido de
derogar la estructura organizativa del Registro Civil prevista en dicha ley,
así como la asignación a los Registros Mercantiles prevista en el Real
Decreto-ley 8/2014 y en la Ley 18/2014, para que el Registro Civil CONTINÚE
teniendo carácter municipal, adscrito a la Administración de Justicia, con los
Secretarios judiciales como Encargados de las oficinas y servidas enteramente
por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia,
con mantenimiento de todos los puestos de TRABAJO adscritos actualmente a
funciones Registro Civil.
Igualmente,
hemos interesado una nueva prórroga de la entrada en vigor de la Ley, por dos
años, hasta tanto se dicten las disposiciones reglamentarias necesarias y se
implante la plataforma tecnológica imprescindible para la modernización
definitiva del Registro Civil
