Cándido Méndez, secretario general de UGT. Sergio Barrenechea EFE
El sistema para ejecutar la formación en UGT vuelve a estar en entredicho. Tras los episodios de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido extender a varias comunidades la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos de subvenciones finalistas para el mantenimiento de las estructuras del sindicato.
El foco apunta a la ejecución y justificación de planes de formación subvencionados a UGT en los últimos años. En el perímetro de la investigación se engloba la actividad de los responsables del sindicato, de su fundación IFES y de las filiales Formación 2020 yLocalmur.
Además se investiga a empresas afines o que son propiedad de UGT y de sus dirigentes en varias comunidades autónomas, especialmente Asturias, País Vasco yBaleares, aunque también se han iniciado actuaciones en Extremaduray en Galicia.
El origen del proceso parte de un oficio de la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil que buscaba determinar si las supuestas irregularidades en Andalucía se han reproducido en otras uniones regionales
Fuentes
próximas a la investigación a las que ha tenido acceso EL MUNDO
cifran en «varias decenas de millones de euros» el monto
investigado, dada «la cuantía de los programas de formación y la
cantidad de años en que se desarrolló». También desgranan los
aspectos que podrían estar en entredicho, entre ellos «el uso de
empresas y fundaciones interpuestas»; «los conceptos facturados
para justificar ayudas» y «la presunta inclusión de nóminas y
facturas por gastos que podrían corresponder a los costes de
funcionamiento del sindicato». Para estos costes de funcionamiento
cabe recordar que UGT ya percibe subvenciones institucionales -4,2
millones en 2014 para su estructura confederal, según recogen sus
cuentas, y diferentes cantidades de cada ejecutivo autonómico-. Y
dispone de las cuotas de sus afiliados, que sumaron 14,2 millones el
último ejercicio.
