Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que establece una nueva estructura del servicio público de Justicia, la pretendida reforma de la Administración de Justicia, una vez implantada, ha comenzado su andadura en su tercera fase desde mediados de 2025 en la primera semana de este mes de enero, en la que se incluyen todas las capitales de provincia y algunas poblaciones grandes, tras una primera y segunda fases en ciudades y municipios con menor número de órganos judiciales.
Reforma con la que el Ministro del ramo, Sr. Bolaños, pretendía sacar la Administración de Justicia del continúo atasco e ineficacia, pero nada más lejos de la realidad, lo que está suponiendo es el mayor caos, en años, de una Administración Pública y todo ello debido a la improvisación y al desconocimiento absoluto de lo que es esta Administración, donde se ha hecho oídos sordos a las advertencias, que desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, junto a los trabajadores y las trabajadoras, se venían realizando, incluso en muchas ocasiones menospreciándolos, en una demostración más del auténtico desconocimiento que se tiene desde las cúpulas de esta Administración.
Tras múltiples conferencias sectoriales entre el Ministerio de Justicia y todas las CCAA, nadie puso freno al pretendido sinsentido de la implantación de los Tribunales de Instancia sin una planificación y preparación suficiente de todos los implicados ante tamaña transformación, y así, en lo que llevamos de año, la desesperación de los trabajadores y las trabajadoras para poder prestar el servicio público es enorme, como gigantesca la falta de personal pendiente de ser nombrado, llegando a situaciones dantescas de alguna Comunidad Autónoma, que pretende no solo no cubrir los puestos vacíos o retardarlo, algo que debería ser impensable, sino que además pretende prescindir de más funcionarios y funcionarias, vulnerando con ello los acuerdos alcanzados con el propio Ministerio de Justicia, de no amortización de plaza alguna, y otros que obligaban a una estructura de las Relaciones de Puestos de trabajo que establecía un mejor reparto y distribución de la carga de trabajo, entre otras garantías para el personal funcionario y el propio servicio público.
STAJ viene denunciando el atropello al colectivo mayoritario de esta Administración con 49.000 funcionarios y funcionarias que no solo se han encontrado con que no se fomenta la especialización al negarse a crear los necesarios equipos orgánicos en las Relaciones de Puestos de trabajo, algo que debería ser vital en una Administración con jurisdicciones y materias tan diversas, sino que además no hay organización, no ha existido preparativo alguno en la mayoría de los ámbitos, todo es improvisación, y algunos de los protocolos aprobados para el reparto del trabajo se han demostrado ineficaces.
En una Administración donde todavía en muchos sitios se trabaja en formato papel, se debería haber venido realizando con antelación, como se venía pidiendo desde STAJ, la digitalización de toda la documentación, y la prohibición del uso de papel, salvo excepciones justificadas, por todos los implicados, incluidos jueces, con el fin de que cuando llegara este proceso no fuera el caos que actualmente se está dando, donde hay que mover montones de cajas con procedimientos en papel y donde muchos funcionarios y funcionarias, los cambian de sitio constantemente, no saben dónde se tienen que sentar en la nueva estructura y cuáles son sus procedimientos, en qué estado se encuentran o simplemente no tienen ordenador asignado.
Si uno se da una vuelta estos días por alguno de los partidos judiciales de los distintos ámbitos de la geografía española, en la mayoría solo encontrará caos y desorganización y en algunos ámbitos cajas con procedimientos en papel por todas partes, incluso por el suelo, funcionarias y funcionarios que intentan saber qué es lo que tienen que tramitar, cuál es el trabajo que se les asigna pues su cometido ha cambiado, ordenadores desconectados y esperando a que los cambien de sitio porque el funcionario o funcionaria aún no sabe dónde se va a sentar, impresoras desconectadas que no se pueden usar y en general funcionarios y funcionarias por todas partes que no pueden realizar su trabajo porque o no tienen medios informáticos para realizarlos o no se pueden sentar aún en su nuevo puesto o simplemente no se han llevado los procedimientos a dónde va el trabajador o trabajadora.
La imposibilidad de prestar el servicio y el desbarajuste reinante están perjudicando de manera directa a funcionarios y ciudadanos, pese a que STAJ continúa reclamando la inversión necesaria en medios y en personal, muy escaso tras la puesta en marcha de estos Tribunales que lejos de necesitar menos personal para funcionar, necesitan más manos para poder atender a las necesidades de los ciudadanos en esta materia.
Y a todo esto nadie está teniendo en cuenta, salvo el personal funcionario de la Administración de Justicia española, que son los que tendrán que solucionar finalmente el caos que han organizado, que la acumulación que se está produciendo afectará de manera directa a los tiempos de solución de conflictos de los ciudadanos que acuden cada día a los Tribunales españoles.
STAJ continúa recordando al Ministerio de Justicia que por muchos Jueces que se pretenda nombrar, si no se ponen funcionarios y funcionarias que tramiten y ejecuten lo que deciden, la nueva estructura judicial no sirve para solucionar el problema de ineficacia de la Justicia, por lo que STAJ sigue reclamando la inversión necesaria en personal en todos los ámbitos de la Administración de Justicia española y los medios técnicos necesarios para poder hacer frente a la actual situación, exigiendo las modificaciones necesarias en los protocolos y en las propias Relaciones de Puestos de Trabajo, para que se vuelva a una especialización en los destinos de los funcionarios y funcionarias en las distintas materias y el reconocimiento al esfuerzo que desde el colectivo se está realizando para poner soluciones en el caos reinante.
