El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de la oposición contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio, y ha dado quince días al Congreso, el Senado y el Gobierno, así como al Gobierno y las Cortes valencianos, para presentar alegaciones si lo consideran oportuno, ha informado el alto tribunal.
El PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai, recurrieron a finales de mayo la norma, que califican como 'ley mordaza' y que fue aprobada de forma definitiva el día 26 por el Congreso de los Diputados. La ley incluye las conocidas como 'devoluciones en caliente' de inmigrantes, que en el texto se definen como 'rechazos en frontera'.
La oposición no quedó satisfecha con el profundo cambio que sufrió durante el trámite parlamentario y que provocó que desaparecieran del articulado o se rebajaran las sanciones más polémicas. Por ejemplo, concentrarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados pasó de estar multado con 600.000 euros a con 30.000 y sólo si existe "perturbación grave de la seguridad". También se eliminó la multa por "ultrajes a España".
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